Las decisiones del comité a cargo podrían cambiar el destino del proyecto y del turismo en Machu Picchu.
El procedimiento de licitación para la ruta Hiram Bingham, la única vía de acceso hacia el mundialmente famoso santuario de Machu Picchu, ha desatado controversias y muchas preguntas sin respuesta. Este proceso, que podría tener un impacto significativo en el turismo y el desarrollo económico de la región, está siendo administrado por un comité especial con un poder considerable.
Desde interpretar las bases hasta suspender o cancelar el procedimiento justo antes de la adjudicación, las decisiones que este comité tome podrían cambiar el destino del proyecto. Pero ¿quiénes son los responsables detrás del poder? Los documentos oficiales, particularmente la Resolución de Alcaldía N.° 031-2026-MPU/C, arrojan algo de luz sobre la composición del comité. Al frente del grupo está el gerente municipal, Wilfredo Condeña, quien lidera como presidente y figura clave en las decisiones que se tomen. Junto a él, Roger Condena, abogado y jefe de la Secretaría General, cumple labores de secretario.
El comité también incluye a otros altos funcionarios de áreas estratégicas como Infraestructura, Administración, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la participación de Dante Ramírez, un ‘experto independiente’, como único miembro externo. En medio de este escenario jerárquico, es claro que dos figuras concentran la toma de decisiones: el propio Wilfredo Condeña como presidente del comité y Dante Ramírez como validador técnico. Los demás parecen actuar más como acompañantes.
El proceso parecía avanzar sin mayores tropiezos, habiendo ya superado la etapa de consultas y observaciones con varias empresas interesadas participando activamente. Sin embargo, fue precisamente una observación presentada por la empresa Transporte Internacional Trans Perú S.A.C. la que destapó una posible grieta profunda en la transparencia del proceso. El cuestionamiento tenía dos aristas principales. Por un lado, apuntaba al diseño del esquema de licitación, limitado a un rígido número de 24 unidades vehiculares que restringirían la competencia dentro del mercado.
Pero el aspecto más explosivo vino con una acusación: Trans Perú afirmaba contar con autorizaciones válidas para operar en la misma ruta objeto de licitación. Aquí comienzan las inconsistencias documentales que ponen al comité contra las cuerdas. Según los registros administrativos revisados, Trans Perú sostiene que cuenta con dos resoluciones clave: la N.º 195-2022, que otorgaba inicialmente la autorización para operar en julio del 2022, y la N.º 788-2022, expedida en diciembre del mismo año para habilitar sus vehículos.
Aunque la primera fue declarada nula en 2024 mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 077-2024 y N.º 093-2024, no ocurrió lo mismo con la segunda resolución. Ningún documento oficial especifica su anulación. No obstante, cuando el comité respondió a las observaciones de Trans Perú, asumió -aparentemente sin sustento documental claro- que ambas resoluciones estaban anuladas. Este punto en especial es el núcleo del conflicto: no se puede negar que hay un desfase peligroso entre lo que dicen los documentos oficiales y cómo se presenta esa información dentro del procedimiento.
Es aquí donde surgen preguntas inquietantes: ¿Por qué se omite mencionar que la Resolución N.º 788-2022 sigue vigente? ¿Qué implicaciones tiene esto para el proceso licitatorio en su totalidad? El comité tiene en sus manos una responsabilidad crucial. Según las mismas bases del proceso, no solo están habilitados para interpretar reglas y condiciones, sino también para cancelarlo si se detectan problemas que comprometan su transparencia. Si efectivamente existe una autorización vigente relacionada directamente con el objeto de esta licitación -la ruta hacia Machu Picchu- todo el planteamiento podría dar un giro dramático.
Por ahora, queda claro que hay información clave ignorada o mal presentada por quienes tienen el deber de garantizar un procedimiento justo y transparente. La historia está aún por escribirse, pero lo cierto es que este no es solo un tema administrativo menor; lo que está en juego no es solo una adjudicación, sino también la credibilidad institucional y el futuro de uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. ¿Será esta una licitación más o estamos ante el preludio de un problema mucho mayor? El tiempo -y el comité- tendrán la última palabra.
EL DATO: El tema que se analiza aquí presenta varias irregularidades dentro de los procesos administrativos relacionados con la empresa Transperú. Según lo expuesto, inicialmente hay dos resoluciones emitidas: una del 19 de julio de 2022 que reconoce la validez de dos unidades vehiculares para dicha empresa, y otra resolución posterior que le otorga autorización sobre dos flotas adicionales, sumando un total de cuatro flotas activas. Sin embargo, en agosto de 2024, existe una resolución emitida por la gerencia que declara la nulidad de uno de los documentos anteriores, lo que reduce la capacidad operativa de la empresa a dos flotas vigentes.
A raíz de esta decisión, Transperú presentó un recurso de reconsideración ante la municipalidad, pero este es declarado improcedente. Paralelamente, se lleva a cabo un proceso de licitación manejado por un comité especial que parece estar lleno de inconsistencias. En este proceso, se debate si corresponde o no a la asignación de 24 unidades vehiculares.
Aquí surge una interrogante clave: ¿cómo es posible que la municipalidad de Urubamba haya declarado nulas 22 unidades y, al mismo tiempo, promovido una licitación por 24? Esta contradicción es el centro de la observación planteada por Transperú. Lo más preocupante radica en la respuesta obtenida por parte de las autoridades: no solo se desestimó la observación realizada por la empresa, sino que además se emiten conclusiones basadas en información aparentemente imprecisa, lo cual genera dudas sobre la transparencia y legalidad del procedimiento. Así lo señala el abogado especialista Johann Multhuaptif, quien destaca la gravedad del asunto y el impacto que podría tener en el marco administrativo local.
