El máximo tribunal del país de las leyes admitió la demanda competencial liderada por el alcalde Elvis La Torre para frenar la licitación unilateral de la vía de acceso a la Llaqta.
El recurso congela los planes del alcalde provincial Ronald Vera y traslada de forma irreversible el proceso de concesión a la gestión edil que se elegirá en octubre.
Denuncian que la comuna de Urubamba incumple desde hace cuatro meses el D.S. 010-2026-MTC y avala la circulación ilegal de buses sin revisión técnica.
El anhelado proceso de licitación para seleccionar al nuevo concesionario de la emblemática ruta Hiram Bingham ha sufrido un revés definitivo que cambia el escenario político y técnico de la región. El Tribunal Constitucional (TC), mediante una resolución oficial dentro del expediente N.° 00002-2026-PCC/TC, admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por la Municipalidad Distrital de Machupicchu, representada por su alcalde Elvis La Torre Uñaccori, en contra de la Municipalidad Provincial de Urubamba.
El núcleo del conflicto constitucional radica en el Acuerdo de Concejo Municipal N.° 059-2025-MPU/C emitido por Urubamba. Mediante este documento, la comuna provincial pretendió concesionar la ruta turística incluyendo unilateralmente la avenida Hermanos Ayar, vía urbana ubicada en Machupicchu Pueblo. La demanda sustenta que Urubamba menoscabó las competencias distritales exclusivas sobre el tránsito local, vialidad, salubridad y seguridad ciudadana. Si bien el distrito de Machupicchu no desconoce la facultad provincial para otorgar la concesión, exige que esta se ejerza respetando la Ley Orgánica de Municipalidades y previa coordinación técnica e institucional, hecho que la Contraloría General de la República también ha observado al requerir informes sobre coordinaciones previas que nunca existieron.
Proceso entrampado y traslado al próximo gobierno edil
Con la admisión del recurso por parte del TC, la Municipalidad Provincial de Urubamba cuenta con un plazo estricto de 30 días hábiles para contestar la demanda. Las consecuencias legales de este entrampamiento son severas: de obtener Machupicchu un fallo favorable, Urubamba estará obligada a derogar su acuerdo de concejo y empezar el diseño del proceso desde cero.
Este escenario judicial hace técnicamente inviable que la gestión del alcalde provincial Ronald Vera pueda llevar adelante la licitación antes de culminar su periodo. De este modo, se echa por tierra la promesa de generar beneficios inmediatos para la población de Urubamba, trasladando la responsabilidad de este millonario concurso público de forma directa al nuevo gobierno municipal que resultará elegido en los comicios de octubre próximo.
Denuncian caos, informalidad y desacato del D.S. 010-2026-MTC
La paralización de la licitación agrava la crisis de transporte en el principal atractivo turístico del Perú. La nota informativa advierte que han transcurrido casi cuatro meses desde la publicación del Decreto Supremo 010-2026-MTC (emitido el 8 de abril de 2026) sin que la gestión de Ronald Vera implemente sus alcances obligatorios. Esta inacción ha consolidado un clima de alarmante informalidad e ilegalidad en el traslado de los visitantes extranjeros.
Fuertes críticas pesan sobre la autoridad provincial por la «benevolencia» otorgada a los buses de la empresa Torontoy, que actualmente opera en la ruta bajo un cuestionado esquema para romper el monopolio. Se denuncia abiertamente que estas unidades circulan por la vía sin contar con la revisión técnica vehicular vigente, carecen de talleres mecánicos autorizados en la zona y no poseen estaciones reguladas de abastecimiento. Esto obliga a los operadores a realizar cambios de llantas y lubricantes en plena vía pública y a trasladar combustible de forma clandestina hacia Machupicchu, afectando severamente la imagen de la actividad turística y elevando el riesgo de accidentes de tránsito.
Especialistas señalan que el rechazo de los funcionarios de Urubamba a implementar las exigencias del decreto supremo responde al hecho de que la norma exige requisitos estrictos que la empresa Torontoy no cumple, tales como contar con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado, centros de abastecimiento formales y talleres de mantenimiento preventivo. Al alcalde Ronald Vera le restan únicamente cinco meses de gestión para enmendar el rumbo legal, acatar las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y evitar mayores perjuicios al desarrollo del turismo receptivo en el Cusco.
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