En una jornada decisiva para la gobernabilidad y la gestión de crisis en el país, el Pleno del Senado de la República aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de lucha contra la criminalidad organizada y mitigación del Fenómeno El Niño. La medida fue respaldada con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones tras un extenso debate parlamentario que duró más de tres horas.
El texto sustitutorio aprobado por la Cámara Alta, sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía Ramírez, amplió el marco normativo inicial aprobado previamente por la Cámara de Diputados, elevando de 20 a 27 las materias específicas sobre las cuales el Gobierno de podrá emitir decretos legislativos en un plazo improrrogable de 90 días.
Ejes principales de la delegación de facultades
- Lucha frontal contra la inseguridad: El Ejecutivo quedó facultado para emitir normas estrictas orientadas a fortalecer la inteligencia nacional (DINI y SINA), la investigación criminal y la fiscalización en el uso de armas de fuego. Asimismo, el paquete autoriza a endurecer las penas y la regulación postpenitenciaria frente a delitos de alta gravedad como la extorsión, el sicariato y la ciberdelincuencia, además de modernizar el sistema penitenciario y permitir la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales.
- Emergencia climática por El Niño: En el ámbito de la prevención y respuesta ante desastres, el marco normativo agilizará de manera directa la entrega de ayuda humanitaria por parte de INDECI durante los primeros 15 días de ocurrida una emergencia. De igual manera, se dispondrán de mecanismos simplificados para acelerar proyectos de infraestructura de protección vial, saneamiento, agua y energía en beneficio de los productores agrarios y las familias damnificadas.
Consensos y contrapesos constitucionales
La aprobación del dictamen contó con el respaldo político mayoritario de bancadas como , Renovación Popular y el partido Cívico Obras. Por su parte, agrupaciones de oposición como Juntos por el Perú y Ahora Nación manifestaron sus reparos debido a las modificaciones e inclusiones normativas añadidas en la Cámara Alta.
No obstante, los parlamentarios del bloque oficialista y sus aliados enfatizaron que la delegación está plenamente sujeta a los controles correspondientes del marco constitucional, garantizando el absoluto respeto a las autonomías institucionales y a los presupuestos públicos ya aprobados. Con este resultado parlamentario, la administración central asume el liderazgo normativo directo para formular e implementar soluciones urgentes frente a los dos problemas que mayor impacto socioeconómico generan actualmente en la población peruana.
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