Más de 1 800 trabajadores en la calle, diez obras paralizadas y un patrimonio en riesgo exponen la gestión del director interino Diego Pajares en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
La protesta estalló ayer por la mañana en la Plaza de Armas del Cusco y no fue un gesto simbólico ni una pataleta coyuntural. Cientos de trabajadores del sector cultural salieron a la calle para señalar, sin rodeos, al director interino de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Diego Pajares, a quien responsabilizan por una gestión que ha dejado paralizadas obras, salarios congelados y a más de 1 800 obreros en el limbo laboral.
La escena se repitió horas después frente al local institucional de la DDC. Carteles improvisados, consignas directas y un mensaje inequívoco: “Pajares incapaz”, “Cusco te repudia”, “Cambio de director y de jefe de Recursos Humanos”. No hubo eufemismos. La protesta tenía un destinatario claro. Según los trabajadores, son más de 50 días de paralización de proyectos de inversión arqueológica: diez obras detenidas, muros ancestrales abandonados, andenes sin intervención y centros ceremoniales sin mantenimiento.
El patrimonio, ese que el Estado dice proteger, quedó en pausa por decisiones administrativas que nadie explica con claridad. “Tenemos presupuesto aprobado, pero no tenemos obras”, resume uno de los manifestantes. La contradicción no es menor: es el núcleo del problema. El reclamo va más allá de la obra detenida. Los obreros denuncian contratos precarios, años sin incremento salarial y una práctica institucional que parece normalizar la inestabilidad.
Se les exige compromiso con la cultura, pero se les responde con silencio administrativo. En esta ecuación, la vocación se convierte en excusa y la precariedad en norma. El quiebre se hizo visible el 30 de enero, cuando el jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones (UGI) presentó su renuncia formal ante el Ministerio de Cultura. No fue una salida discreta. El funcionario dejó constancia de jornadas extendidas, trabajo en días no laborables y, sobre todo, de una frustración central: no se le permitió sustentar avances ni exponer el plan de acciones que había elaborado. Una renuncia que, lejos de ser anecdótica, reveló el colapso interno de una oficina clave.
La UGI no es un trámite menor. Es la puerta de entrada del presupuesto. Si no ejecuta gasto, el año siguiente llegan menos recursos. Menos recursos significan menos proyectos y mayor deterioro del patrimonio. Es una cadena de consecuencias previsibles. Y, sin embargo, la unidad operaba con apenas dos personas para tres equipos en fase de inversión. No es una casualidad administrativa: es una decisión de gestión.
Pajares intentó justificar la parálisis en un memorando múltiple dirigido a trabajadores y oficinas internas: “Estamos impedidos legalmente de realizar contrataciones de personal para proyectos de inversión”.
La afirmación abre una pregunta incómoda: si el impedimento es legal, ¿por qué se aprobó el presupuesto? Y si el presupuesto existe, ¿quién bloquea su ejecución? El trasfondo político no es irrelevante. Diego Pajares es una designación heredada del exministro Alfredo Luna, parte de ese lote de cargos interinos que el sector Cultura arrastra sin evaluación ni resultados verificables.
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