Proponen sancionar hasta con 8 años de cárcel a quien administre o contrate ‘granjas de trolls’ o ‘bots’ en contexto electoral

La bancada parlamentaria de Ahora Nación presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con penas de hasta ocho años de prisión a quienes creen, financien, administren, operen o contraten las denominadas «granjas de trolls» o «bots» destinados a manipular de forma ilegítima los procesos electorales. La iniciativa, impulsada por el diputado César Augusto Muedas Balbiese, busca frenar la desinformación masiva y el uso coordinado de perfiles inauténticos en las redes digitales.

De acuerdo con el texto de la propuesta, la normativa apunta a modificar no solo la Ley de Delitos Informáticos, sino también la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley del Servicio Civil. El marco legal planteado establece una escala de sanciones privativas de la libertad según la gravedad del hecho:

• Pena básica (4 a 6 años): Para quienes utilicen redes de cuentas automatizadas o identidades simuladas con el fin de difundir de manera sistemática imputaciones o hechos falsos que busquen afectar la reputación de los candidatos o alterar la neutralidad del sufragio.
• Pena agravada (5 a 8 años): Se aplicará cuando en las operaciones clandestinas digitales intervengan autoridades, funcionarios o servidores públicos. La misma sanción máxima recaerá sobre quienes utilicen fondos, infraestructura, bases de datos o personal del Estado, o cuando el financiamiento de estas redes provenga de fuentes estrictamente prohibidas por el sistema electoral.

Mayor fiscalización y transparencia
Además de la persecución penal, el proyecto introduce estrictas obligaciones de transparencia para los partidos políticos en campaña. Según el reporte técnico, las agrupaciones políticas estarán obligadas a declarar de forma obligatoria ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todos los gastos relacionados con publicidad digital, contratación de agencias o consultores de comunicación, administración profesional de perfiles, inteligencia artificial y cualquier sistema informático automatizado.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, se estipula que la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) articularán un mecanismo de coordinación conjunta para rastrear, detectar y neutralizar a estas organizaciones tecnológicas dedicadas al sabotaje democrático.

El proyecto de ley ingresó formalmente al Parlamento el pasado viernes 11 de septiembre. Actualmente, se encuentra a la espera de ser derivado a las comisiones dictaminadoras correspondientes (como Justicia y Constitución) para iniciar su debate técnico de cara a los próximos comicios.