En el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, formuló un llamado urgente a la comunidad internacional para redefinir el estatus legal de las bandas delictivas globales, afirmando que el país y la región afrontan una «guerra» contra organizaciones criminales transnacionales que recurren a tácticas de terror.
Durante su intervención, la jefa de Estado enfatizó que, aunque el continente no experimenta conflictos armados tradicionales entre naciones, padece la violencia desatada por redes criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Ante este escenario, la mandataria planteó la urgencia de dotar a los Estados de herramientas jurídicas más estrictas.
«Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien», sentenció categóricamente la presidenta Fujimori.
La posición oficial de la delegación peruana sostiene que catalogar formalmente estas prácticas ilícitas como terrorismo proveerá el amparo normativo indispensable para que las Fuerzas Armadas operen de manera coordinada junto a la Policía Nacional en la restitución de la seguridad ciudadana y el orden interno.
Asimismo, la gobernante ratificó la incorporación del Perú a la coalición regional denominada Escudo de las Américas, orientada al intercambio rápido de inteligencia estratégica con socios continentales. Finalmente, complementó la propuesta punitiva señalando que la estrategia nacional de su Gobierno priorizará una reforma integral de la educación pública como la principal vía de prevención para evitar el reclutamiento de menores por bandas delictivas.
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