La propuesta plantea las videoconferencias como alternativa obligatoria y responde a un registro de 73 viajes que demandaron más de 234,000 dólares del erario público.
Un drástico giro hacia la austeridad institucional busca implementarse en el Poder Legislativo de Uruguay. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, ingresó formalmente un proyecto de ley diseñado para prohibir que los senadores y diputados realicen viajes internacionales financiados total o parcialmente con cargo al Presupuesto nacional o del Parlamento.
«Creo que los legisladores no tenemos que viajar, directamente. Entonces terminamos con la discusión de los viáticos. Si no viajás, no recibís viáticos», declaró firmemente Bordaberry en una rueda de prensa difundida por medios locales. El legislador cuestionó la utilidad de la denominada «diplomacia parlamentaria», argumentando que Uruguay ya cuenta con un Ministerio de Relaciones Exteriores y embajadores calificados para representar los intereses del país en el mundo.
Uso excesivo de fondos públicos
En la exposición de motivos del proyecto, se revela que entre el 15 de febrero de 2025 y junio de 2026 —los primeros 17 meses del actual período de gobierno—, el Senado uruguayo costeó un total de 73 viajes al exterior. Estas misiones acumularon 430 días fuera del territorio nacional y significaron una erogación exacta de 234,464 dólares para las arcas del Estado.
Del monto total, unos 144,704 dólares correspondieron a traslados de parlamentarios, mientras que 89,760 dólares fueron destinados a secretarios y funcionarios de la cámara. Bordaberry alertó que esta cifra contempla únicamente a la Cámara Alta, ya que la Cámara de Representantes aún no cuenta con información pública completa para dicho periodo.
Virtualidad y excepciones estrictas
El texto de la iniciativa establece las pautas de control para el ejercicio de las funciones legislativas:
- Participación remota obligatoria: Los legisladores deberán atender a congresos, foros internacionales u organismos de los cuales Uruguay forma parte a través de videoconferencias u otros mecanismos de conexión digital a distancia.
- Financiamiento propio: La prohibición de viaje no aplicará en caso de que el propio legislador asuma la totalidad de los costos (pasajes, seguros, alimentación y hospedaje) con su propio dinero.
- Cláusula de excepción excepcionalísima: La presencialidad financiada solo se aprobará si se acredita de forma fundada la necesidad obligatoria del legislador. Requerirá el voto conforme de una mayoría calificada de dos tercios de la cámara correspondiente.
Presión por mayor austeridad
La medida de Bordaberry se suma a la controversia por el control del gasto político en el Parlamento uruguayo. Coincide temporalmente con una iniciativa paralela de la bancada del Frente Amplio, que busca obligar legalmente a la rendición y devolución estricta de viáticos sobrantes, además de recortar los subsidios otorgados a los cargos políticos al cesar sus funciones.
El debate legislativo que iniciará en los próximos días determinará si el Parlamento uruguayo aplica sobre sí mismo los criterios de racionalización económica exigidos históricamente por la ciudadanía.
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