La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió sobre el escenario de profunda incertidumbre jurídica provocado por las denominadas “reelecciones encubiertas” de alcaldes en el Perú. A través de su informe preliminar emitido tras los comicios del pasado domingo 4 de octubre, el organismo internacional recomendó al Estado peruano emprender una reforma legal integral para subsanar los vacíos que debilitan la claridad de las reglas de juego y confunden a la ciudadanía.
De acuerdo con el documento oficial de la MOE-OEA, la controversia se centró en la participación de exalcaldes del periodo inmediato anterior que postularon estratégicamente como candidatos a primeros regidores (vicealcaldes). Al registrarse la vacancia o renuncia del candidato principal a la alcaldía de la misma lista, estos exfuncionarios quedaron en posición de asumir nuevamente el sillón municipal en caso de ganar la elección, eludiendo en la práctica la prohibición constitucional de la reelección inmediata.
Vacío normativo e incertidumbre ciudadana
El informe expone de forma directa que “la legislación actual no regula cómo debe procederse” cuando una lista cerrada —cuya candidatura a la alcaldía quedó vacante— obtiene la votación suficiente para ganar y lleva en sus filas a una autoridad saliente como primer regidor. La OEA detalló que múltiples actores políticos y candidatos manifestaron su preocupación por este escenario, cuestionando la legalidad de una eventual asunción al cargo de alcalde bajo estas condiciones.
Por tal motivo, la organización hemisférica recomendó modificar las reglas de juego mediante un cambio legislativo claro. El objetivo prioritario es prever los mecanismos de renuncia y reemplazo dentro de las listas para que todos los actores del proceso electoral conozcan con exactitud el marco normativo aplicable antes de emitir su voto.
Criterios contradictorios
La misión internacional también llamó la atención sobre la disparidad de criterios jurídicos que caracterizó este proceso. Mientras los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Morropón y Huari optaron por excluir a candidatos aplicando de forma directa el impedimento constitucional de reelección, el JEE de Lima Centro desestimó las tachas. Finalmente, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes las exclusiones argumentando que no existía una prohibición legal taxativa en las normas vigentes.
Ante la polémica, que alcanzó un punto crítico en plazas clave como la Alcaldía de Lima con la postulación de Rafael López Aliaga, la OEA insistió en que el Congreso de la República debe asumir la responsabilidad de corregir estas deficiencias normativas para garantizar la predictibilidad de los futuros procesos electorales en el país.
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