El Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar por un plazo de 60 días contra el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato. La medida responde a presuntas anomalías cometidas durante la tramitación del procedimiento de colaboración eficaz que sirvió como pilar para la reciente condena por corrupción de 14 años impuesta al expresidente Martín Vizcarra Cornejo.
El despacho a cargo de la Sétima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima tipificó preliminarmente los hechos dentro de los presuntos delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal agravado, fraude procesal y falsedad genérica en agravio del Estado peruano. La investigación se activó formalmente tras la denuncia formulada por la defensa legal de Vizcarra Cornejo, quien cumple prisión por los delitos de cohecho pasivo cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
El argumento central del exmandatario sostiene que el fiscal Juárez Atoche habría incurrido en un trato selectivo, arbitrario y manifiestamente diferenciado al momento de validar los beneficios de la delación del exministro de Agricultura, José Manuel Hernández. Según la hipótesis de la denuncia, el magistrado varió de forma injustificada la calificación delictiva del delator, procesándolo bajo el cargo de colusión simple en lugar de colusión agravada. Esta modificación técnica permitió que la acción penal en favor de Hernández prescribiera, extinguiendo su responsabilidad penal, mientras se mantenían las acusaciones severas contra el expresidente.
Dentro de las diligencias programadas para deslindar las responsabilidades, la fiscalía penal citó al sentenciado Martín Vizcarra para que rinda su declaración testimonial de forma virtual el próximo 6 de octubre a las 10:00 horas. Por su parte, el fiscal Germán Juárez Atoche —quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones por la Autoridad Nacional de Control por otros procesos disciplinarios— acudirá a rendir sus descargos presenciales el 20 de octubre.
Asimismo, el Ministerio Público requirió con carácter de urgencia copias certificadas del expediente judicial del caso «Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua», con énfasis en las actas de colaboración eficaz suscritas entre el investigado y Hernández. Con ello se busca contrastar la legalidad de los plazos y verificar si existió una manipulación del proceso penal para favorecer indebidamente a una de las partes.
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