En un despliegue táctico sin precedentes orientado a fortalecer la seguridad ciudadana, la Policía Nacional del Perú (PNP), en estrecha coordinación con el Ejército Peruano y la Superintendencia Nacional de Migraciones, intervino a 1,494 ciudadanos extranjeros. Las fuerzas del orden ejecutaron un megaoperativo simultáneo que abarcó 17 regiones del país. Esta masiva movilización multisectorial se concentró en puntos críticos de alta incidencia delictiva, terminales terrestres y zonas fronterizas con el objetivo principal de fiscalizar el estatus legal de los ciudadanos foráneos en el territorio nacional.
Cientos de presuntos infractores
El balance preliminar de las jefaturas policiales reveló que, del total de personas fiscalizadas, 280 intervenidos registran la condición de presuntos infractores de la normativa penal o administrativa. Los agentes policiales y los inspectores migratorios intensificaron los controles de identidad mediante el sistema de consulta en línea. Esto permitió identificar de manera rápida y efectiva a personas con requisitorias vigentes, antecedentes delictivos o implicancias en diversos delitos comunes organizados en las principales urbes del país.
Alerta en el control fronterizo
El reporte oficial también encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad y el control de las fronteras. Las autoridades migratorias detectaron a 50 extranjeros en situación migratoria irregular por carecer de la documentación de permanencia legal o haber vencido sus plazos de estadía autorizada.
El hallazgo más grave de la jornada se dio al capturar a siete personas que habían reingresado ilegalmente al Perú, burlando deliberadamente los puestos de vigilancia fronteriza a pesar de contar con una orden de expulsión previa y vigente. Todos los implicados en estas faltas graves fueron puestos a disposición de las unidades policiales especializadas de seguridad del Estado para iniciar de inmediato los trámites de expulsión o sanción correspondientes.
Continuidad de las acciones
Los mandos policiales informaron que estas intervenciones conjuntas continuarán de forma inopinada y descentralizada en todo el país. El Poder Ejecutivo remarcó que estas acciones buscan mantener el orden público y garantizar el estricto cumplimiento de las leyes migratorias vigentes, respetando siempre los derechos fundamentales de las personas. La ciudadanía exige que esta presencia de la autoridad se sostenga en el tiempo ante el incremento de la criminalidad.
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