Una multitudinaria manifestación que congregó a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades académicas colmó hoy la Plaza del Congreso en Buenos Aires, así como las principales plazas de Rosario, Córdoba y Santa Fe. La quinta Marcha Federal Universitaria se convirtió en una de las protestas más masivas en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, uniendo el reclamo de la comunidad educativa con el de sectores científicos, jubilados y trabajadores de la salud afectados por las severas políticas de ajuste fiscal.
El objetivo central de la movilización fue exigir de manera inmediata la transferencia de los fondos presupuestarios adeudados y el estricto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha normativa, ratificada de forma reiterada por el Poder Ejecutivo y el Parlamento tras sortear un veto presidencial, establece la indexación obligatoria de los salarios del personal educativo y de los recursos operativos de las casas de estudio frente a la inflación acumulada. Sin embargo, la administración libertaria mantiene congeladas las partidas financieras alegando la defensa de su meta de “déficit cero”.
La protesta cobró un fuerte peso institucional luego de que la Justicia Federal respaldara los reclamos del sector. Recientemente, los tribunales declararon inconstitucionales los decretos del Ejecutivo que obstaculizaban la norma, ordenando la aplicación inmediata de la ley bajo apercibimiento de aplicar multas económicas directas a la Jefatura de Gabinete. A pesar de los dictámenes y de un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno decidió apelar las resoluciones judiciales, profundizando el conflicto institucional.
Durante el acto central se leyó el documento titulado «Defender nuestros sueños, garantizar el futuro», suscrito por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). En el texto, los rectores denunciaron una drástica reducción del presupuesto universitario (que cayó del 0,718% al 0,541% del PIB) y exigieron un incremento del 33,4% en el Presupuesto del próximo año para evitar el colapso de la investigación científica, la enseñanza y los programas de becas estudiantiles.
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