Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado

Imagen: Un manifestante sostiene un cartel que dice “Por nuestras vidas, marchamos hoy” durante una protesta contra el crimen y la inseguridad en Lima, Perú, el 21 de marzo de 2025. © 2025 REUTERS/Sebastian Castaneda

Resumen

En los últimos años, el Perú ha experimentado un alarmante auge del crimen organizado. Diversos grupos criminales han expandido progresivamente su presencia en todo el país, ejerciendo influencia sobre sectores clave de la economía, incluyendo la minería de oro y el transporte. En 2024, el Perú registró la cifra más alta de homicidios en al menos siete años, y la mitad de estos asesinatos han sido atribuidos a sicarios. Las denuncias por extorsión alcanzaron su punto máximo en 2023 y se mantuvieron en niveles elevados en 2024.

Si bien el crimen organizado también se está expandiendo en otros países de América Latina y el Caribe, en el Perú ha encontrado condiciones prácticamente únicas en la región: un Congreso disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales y un Poder Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar.

Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 125 personas, incluyendo fiscales, policías, jueces, defensores ambientales, periodistas, líderes indígenas y funcionarios gubernamentales, para obtener información sobre la expansión del crimen organizado en el Perú y el rol de las autoridades en permitir o facilitar su avance. También analizamos 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022.

Nuestros hallazgos indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado.

El Congreso ha limitado drásticamente los mecanismos de cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y ha creado obstáculos a los allanamientos. Además, ha buscado regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que impide al Ministerio Público perseguir penalmente a los responsables de la destrucción ambiental. También ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción.

Aunque el gobierno de la presidenta Boluarte en contadas ocasiones ha intentado frenar la agenda legislativa contraria a los derechos humanos, con demasiada frecuencia ha permitido que el Congreso avance, sin tomar iniciativas propias para combatir eficazmente al crimen organizado. Al igual que otros líderes de la región, Boluarte ha recurrido a declarar “estados de emergencia” que suspenden derechos constitucionales como principal herramienta contra la delincuencia. Los datos y testimonios recopilados por Human Rights Watch muestran que estas medidas no han logrado reducir los homicidios.

Los actuales congresistas y la presidenta Boluarte, o quienes los reemplacen tras las elecciones de abril de 2026, deberían revertir o modificar las leyes, políticas públicas y normas que han debilitado la democracia, el Estado de derecho y la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Deberían cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Perú, garantizando la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y adoptando medidas para proteger los derechos a la vida y a la integridad física de la población.

La comunidad internacional también puede desempeñar un rol clave en la reconstrucción del marco institucional peruano. El Perú se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países, en su mayoría de ingresos altos, que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. La OCDE debería exigir compromisos concretos al gobierno peruano para abordar los múltiples problemas de gobernabilidad democrática e inseguridad detallados en este informe.

El pueblo peruano merece un Congreso y un Poder Ejecutivo que garanticen su derecho a vivir libre de la violencia del crimen organizado.

Recomendaciones

Al Congreso del Perú

• Modificar o derogar las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado, recortan las capacidades de los fiscales y jueces y socavan las protecciones ambientales, incluyendo las leyes 31751, 31990, 31973 y 32138.
• Rechazar los proyectos de ley que otorgarían al Congreso poderes disciplinarios excesivos sobre jueces, fiscales y autoridades electorales, incluyendo los proyectos de ley 06816/2023-CR y 09938/2024-CR.
• Garantizar el debido proceso en los procedimientos contra jueces, fiscales y otros funcionarios públicos y respetar la independencia judicial, absteniéndose de investigar a jueces y fiscales por el contenido de sus decisiones.
• Trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y los organismos gubernamentales nacionales y locales pertinentes para diseñar y poner en marcha un proceso accesible, transparente y responsable para la formalización de la minería de oro artesanal y a pequeña escala, que debería incluir criterios claros, plazos y mecanismos de aplicación para garantizar el cumplimiento legal y evitar el uso indebido del proceso como herramienta de impunidad.
• Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el “Acuerdo de Escazú”).

Al gobierno de la presidenta Dina Boluarte

• Desarrollar e implementar una estrategia de seguridad respetuosa de los derechos humanos, dirigida a desmantelar los grupos criminales y a proteger a la población de sus abusos, garantizando, entre otros, que la policía disponga de los recursos, la formación y el equipo necesarios para realizar los análisis forenses adecuados y trabajar en colaboración con el Ministerio Público.
• Evitar la declaración de estados de emergencia durante periodos prolongados.
• Trabajar en la colaboración con otros países, en particular con los limítrofes, para hacer frente al crimen transnacional y sus consecuencias, incluyendo mediante el intercambio de información sobre actividades ilícitas y la asistencia mutua.
• Apoyar la iniciativa de Colombia de desarrollar un acuerdo internacional vinculante destinado a garantizar trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas en toda la cadena de valor de los minerales.

Al Ministerio Público

• Garantizar que los fiscales de todo el Perú, en particular los de las zonas rurales y alejadas de las grandes urbes, cuenten con los recursos, equipos y tecnología necesarios para hacer frente al crimen organizado.
• Llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las conexiones entre el crimen organizado y los funcionarios públicos.
• Garantizar el respeto al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de prensa, incluyendo mediante la revisión del caso del periodista Gustavo Gorriti.

A los comités de gobernanza pública y política ambiental de la OCDE

• Exigir al gobierno del Perú, como parte de su proceso de adhesión a la OCDE, que tome medidas concretas para eliminar las barreras a la investigación efectiva del crimen organizado, los delitos ambientales y la corrupción; garantizar el respeto a la separación de poderes; proteger y promover el espacio cívico; y robustecer las protecciones ambientales.

INFORME COMPLETO:
https://www.hrw.org/es/report/2025/07/08/legislar-para-la-impunidad/como-el-congreso-del-peru-permite-el-avance-del-crimen