Una jueza de Florida firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un episodio que provocó una grave crisis diplomática entre Estados Unidos y Cuba.
La medida judicial, firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, está vinculada con la muerte de cuatro personas que viajaban en aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubanos que realizaban operaciones de búsqueda y asistencia a migrantes en el estrecho de Florida.
Según las autoridades estadounidenses, Castro, de 95 años, enfrenta un cargo estatal por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La acusación sostiene que habría tenido responsabilidades en la cadena de mando militar relacionada con el ataque.
UN EPISODIO QUE MARCÓ LAS RELACIONES BILATERALES
El hecho ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate cubanos derribaron dos aeronaves Cessna operadas por Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, al norte de Cuba.
Las cuatro víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia legal permanente en ese país.
La organización desarrollaba misiones para localizar a cubanos que intentaban abandonar la isla en embarcaciones precarias. Sin embargo, sus actividades también generaban tensiones con el Gobierno cubano por sus acciones contra las autoridades de La Habana.
Estados Unidos sostuvo que las avionetas fueron atacadas fuera del espacio aéreo cubano, mientras que las autoridades de la isla defendieron su actuación alegando motivos relacionados con la protección de su soberanía.
NUEVAS ACCIONES JUDICIALES
La orden estatal se suma a los cargos federales anunciados en mayo de 2026 contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el mismo caso. La investigación también involucra a otros cinco ciudadanos cubanos señalados por las autoridades estadounidenses.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que su despacho continuará buscando responsabilidades por las muertes ocurridas hace tres décadas.
La orden podría limitar los desplazamientos internacionales del exmandatario y abrir la posibilidad de acciones para detenerlo si ingresa en un territorio donde pueda ejecutarse legalmente.
Hasta el momento, el proceso representa una acusación judicial y no una declaración definitiva de culpabilidad. El caso podría tener nuevas repercusiones políticas y diplomáticas en medio de las tensiones entre Washington y La Habana.
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