Actuales funcionarios están implicados, ampliaron investigación preliminar 60 días para recabar pruebas
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco abrió investigación preliminar Carpeta Fiscal N.° 531- 2025 contra José Manuel Sara Quispe, Eduard Alain del Solar Sueros, Alex Cahua Aragón, Samuel Quispe Sallo, Dani Sullcaccori Huamán, Dani César Fernández Baca Chicata y Orlando Justo Riveros Pardo como presuntos autores; y contra Virginia Chutas Quillahuamán, Darwin Tirado Meza y John David Puma Chutas en calidad de cómplices, por delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de concusión sub tipo colusión agravada en agravio del Estado, información fuentes del despacho fiscal.
La investigación, que se amplió a 60 días, incluye diligencias en la sede policial y requirió documentación a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Según la disposición fiscal, la ampliación del plazo permitirá que el 6 de abril se tomen declaraciones de indagación en la sede policial y que la oficina de contrataciones de la Gerencia Regional emita, en un plazo de cinco días, los informes solicitados.
La pesquisa parte de indicios sobre direccionamiento de proyectos, compras con presunta sobrevaloración, uso de terceros como proveedores simulados y la posible existencia de “tareos fantasmas”. La carpeta 531-2025 apunta a que las decisiones y el control de procesos habrían estado concentrados en operadores internos, mientras otros firmaban como meros ejecutores.
Denuncias internas señalan a varios responsables técnicos y administrativos: los ingenieros residentes Adwar Alain (proyecto Descanso), Danny César Fernández (proyecto en Paucartambo) y Danny Sullcaccory (proyecto en Ccisuabamba) figuran entre los supuestos involucrados; Además, se identifica a Alex Cahua como operador principal dentro del área de transportes y a Roger Moscoso como cotizador y, cuestionan, quien simultáneamente ocupa los cargos de subgerente de Estudios y Proyectos y subgerente de Cobertura, lo que, de ser cierto, configuraría un claro conflicto de intereses.
Testimonios de trabajadores y personal administrativo sostienen que las decisiones fueron tomadas por Cahua y Moscoso, quienes habrían concentrado la dirección de procesos, lo que ha motivado la exigencia de una investigación exhaustiva e inmediata por parte de la fiscalía y entidades de control.
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