La reciente y pavorosa denuncia de agresión sexual e implacable acoso sistemático perpetrada por un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise ha sacudido las fibras más sensibles de la sociedad peruana. Mientras la Fiscalía de la Nación solicita para los menores implicados y se destapan años de inacción institucional, la indignación colectiva no debe quedarse estacionada en la capital. Aunque los hechos ocurrieron en Lima, este horror configura una dolorosa llamada de atención que resuena con fuerza en las aulas, hogares y colegios de nuestra propia región imperial. ¿Qué nos está pasando como sociedad y qué estamos haciendo para proteger a nuestros hijos en Cusco?
Lo verdaderamente terrorífico de este caso no es solo la brutalidad del ataque físico dentro de un bus escolar, sino el siniestro trasfondo que la familia de la víctima ha expuesto: tres años de bullying, humillaciones y homofobia normalizada bajo el silencio cómplice o la flagrante incompetencia de los encargados de la convivencia escolar. Cuando una institución educativa —particularmente una de corte tan rígido y jerárquico— prefiere maquillar inicialmente un delito llamándolo «agresión física» para salvaguardar su prestigio corporativo, la pedagogía ha fracasado por completo. Cambiar la directiva o suspender temporalmente a los agresores son solo calmantes burocráticos para una infección moral profunda.
El drama del Liceo Naval desnuda una alarmante realidad que se replica en centros educativos públicos y privados a lo largo de todo el territorio nacional, incluyendo nuestra provincia. El acoso escolar ya no es la simple «pelea de chicos» de antaño; hoy muta con rapidez impulsado por las redes sociales, la pérdida absoluta de límites éticos y graves problemas de salud mental desatendidos. En Cusco, cuántos adolescentes estarán sufriendo hoy en silencio un calvario similar en sus salones de clases, temerosos de denunciar ante directores o profesores que, por comodidad o ceguera, eligen mirar hacia otro lado para no quebrar la tranquilidad de sus planteles.
No podemos esperar a que ocurra una tragedia de igual magnitud en la ciudad imperial para reaccionar de manera decidida. La indignación debe transformarse en una fiscalización implacable por parte de la Gerencia Regional de Educación (GEREDU) y la Defensoría del Pueblo hacia los protocolos de la plataforma SíseVe del Minedu en cada colegio cusqueño. La educación formal no sirve de nada si las aulas se convierten en zonas liberadas donde impera la ley del más fuerte y la crueldad desmedida. Proteger la integridad de nuestros estudiantes exige menos discursos y más firmeza, porque cuando el espacio sagrado del colegio se corrompe en complicidad, la sociedad entera empieza a pudrirse desde su raíz.
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