El alcalde de Urubamba busca complicar aún más el acceso a Machupicchu

En su desesperación, habría intentado de manera irregular otorgar un título habilitante a dos empresas que enfrentaban conflictos legales con la municipalidad provincial

Ante la falta de cumplimiento en los compromisos para proceder con la licitación de la ruta Hiram Bingham, el alcalde de Urubamba parece estar actuando con desesperación ante su incapacidad para brindar una solución definitiva al servicio de transporte entre Machupicchu Pueblo y la ciudadela inca de Machu Picchu.

De manera polémica, ahora plantea la posibilidad de otorgar títulos habilitantes a dos empresas para operar en dicha ruta, movida que no solo evade una solución estructural al problema, sino que amenaza con desencadenar nuevos conflictos y complicaciones legales. Según versiones difundidas por medios locales en Urubamba, se estaría evaluando emitir dicho documento legal a una empresa acusada anteriormente de soborno y procesada judicialmente en 2017. Asimismo, se baraja la opción de renovar un acuerdo con San Antonio de Torontoy, empresa señalada en documentos oficiales por incumplimientos graves a la Ley en el contrato firmado en septiembre de 2025, contrato que posteriormente fue anulado por estas irregularidades. Ambas empresas enfrentan serios cuestionamientos legales.

Problemas con Wayna Picchu

por corrupción Una de las empresas mencionadas por el alcalde, Wayna Picchu, fue implicada en un caso de corrupción que culminó con la confirmación de hechos dolosos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta instancia dictó nueve meses de prisión preventiva a la exjueza Bony Gamarra, acusada de haber recibido un soborno de $50,000 para favorecer a dicha empresa en la adjudicación del servicio sobre la ruta Hiram Bingham. Además, Gamarra Flores fue destituida por la Junta Nacional de Justicia debido a este escándalo. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes aún especulan si esta posibilidad responde a gestiones directas de la empresa o reuniones informales entre sus representantes y el alcalde.

El controvertido caso San Antonio de Torontoy

Respecto a San Antonio de Torontoy, es pertinente recordar que en diciembre pasado la municipalidad anuló el contrato firmado en septiembre de 2025 luego de confirmar múltiples irregularidades por parte de esta compañía, como registrar buses no pertenecientes al consorcio para prestar el servicio. A raíz de estas situaciones, el ciudadano Guillermo Enrique Rodríguez Cornejo presentó una petición formal al Concejo Municipal para suspender al alcalde Ronald Vera Gallegos. Esta solicitud se fundamenta en presuntas irregularidades en la selección directa del transporte público en esta ruta clave, adjudicada al Consorcio San Antonio de Torontoy mediante un proceso que no fue competitivo.

Según la denuncia, este procedimiento excepcional no se debió a un hecho imprevisto, sino más bien a una gestión insuficiente ante el vencimiento previsible de la concesión del servicio. Los informes técnicos y observaciones planteados al respecto también alertaron sobre inconsistencias que provocaron cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. Dentro de la sustentación del pedido se incluye una amplia recopilación documental con especial atención al contenido de la resolución municipal 218 emitida el 31 de diciembre de 2025, donde se declaró la nulidad del contrato N° 001-2025-GM-MPU/C entre la municipalidad y la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. La resolución determinó que se configuraba una causal estipulada por el artículo 71.1 literal b) de la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069) y ordenó además el inicio del deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales pertinentes.

Agravando un conflicto crucial

En lugar de aportar claridad y soluciones a esta problemática que afecta directamente al principal motor económico del Cusco, el alcalde Ronald Vera parece inclinarse por complicar aún más el panorama. En declaraciones recientes a una emisora radial, evidenció su postura que, en vez de priorizar un marco legal y organizado para la concesión del transporte hacia Machu Picchu, parece predispuesta a generar mayores controversias y desafíos legales alrededor de una ruta vital para el turismo y el reconocimiento internacional del Perú como destino cultural.