El OEFA sancionó a la minera Antapaccay con S/ 5,57 millones tras confirmar afectaciones por material particulado en la comunidad de Alto Huarca, en Espinar. Glencore cuestiona el proceso, pero un experto internacional respalda la validez técnica de los informes.
Tras confirmarse que no se aplicaron medidas para reducir el impacto de material particulado en la flora y fauna de la comunidad de Alto Huarca, en Espinar, la minera de cobre Antapaccay, operada por Glencore, fue multada con S/ 5,57 millones por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
La sanción se sustenta en monitoreos realizados entre 2022 y 2023, que identificaron afectaciones vinculadas al polvo generado por las operaciones en el Tajo Sur. Los hallazgos forman parte de un reciente informe de Oxfam, que expone la situación ambiental de pobladores en zonas quechuas de Espinar y recoge estudios del OEFA.
Glencore niega que exista contaminación por material particulado en la zona y sostiene que cumplió con sus permisos ambientales conforme a ley. Además, cuestionó la metodología utilizada por el organismo fiscalizador para recolectar evidencias, señalando que no sería la adecuada.
Sin embargo, la validez técnica de los informes del OEFA fue evaluada recientemente por el profesor Bernhard Wehrli, especialista en química acuática e investigador emérito de la ETH de Zúrich, una de las universidades más prestigiosas del mundo en ciencias ambientales. El académico revisó los documentos 00095 y 00144 —que detallan la contaminación de aguas superficiales y subterráneas en Espinar— y concluyó que los análisis del organismo peruano cumplen con estándares científicos nacionales e internacionales.
Según su evaluación, el trabajo del OEFA se apoyó en un modelo ambiental claro, múltiples estaciones de muestreo, procedimientos de campo documentados y métodos analíticos reproducibles. Wehrli destacó que la combinación de datos hidrológicos, monitoreo de pozos y análisis geoquímicos permitió establecer relaciones de causa-efecto entre las operaciones de Antapaccay y la presencia de contaminantes asociados a actividad minera en el entorno.
Para el experto, la evidencia es suficiente para responder “con un claro sí” a la existencia de un vínculo entre la actividad extractiva y la afectación a la calidad del agua.
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