Hallazgo involucra presuntas responsabilidades administrativas y penales en exfuncionarios
La Contraloría General de la República (CGR) identificó que exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santiago autorizaron la adquisición y distribución de vales de consumo de forma irregular, toda vez que se ejecutó sin sustento técnico ni legal, generando un perjuicio económico de S/ 458 998.
En el Informe de Control Específico n.° 017-2026-2-1630-SCE, que evaluó el periodo del 18 de octubre de 2022 y el 31 de enero de 2023, se señala que la Unidad de Personal requirió inicialmente la compra de 794 vales de consumo para luego gestionar una prestación adicional de 198 vales más.
La Contraloría evidenció que la entrega de vales incluyó a servidores de diversos regímenes laborales, altos funcionarios, funcionarios de confianza, regidores, locadores de servicios además de personas que no mantenían relación contractual con la municipalidad, argumentándose que les correspondía un beneficio sindical.
Los hechos descritos contravinieron la Ley de Presupuesto del Sector Público que prohíbe incrementos remunerativos, bonificaciones o beneficios de cualquier índole en el sector público, exceptuando únicamente los pactos colectivos validados bajo condiciones legales estrictas. En ese contexto, la Contraloría indica que el gasto observado carecería de validez jurídica porque no se originó en un proceso legítimo de negociación colectiva ni calificaría como una condición de trabajo indispensable.
Asimismo, se advirtió que la Unidad de Personal también emitió el requerimiento sin contar con el sustento exigido, siendo autorizados por la Gerencia de Administración. Del mismo modo, la Unidad de Presupuesto otorgó certificaciones de crédito presupuestario utilizando clasificadores de gasto destinados al funcionamiento institucional, desviando recursos públicos hacia un beneficio prohibido. Adicionalmente, la Oficina de Asesoría Legal emitió una opinión favorable para la adquisición complementaria sin considerar las restricciones establecidas en la normativa presupuestal vigente.
La CGR recomendó al Órgano Instructor realizar el procesamiento administrativo de las personas comprendidas en los hechos. Asimismo, recomendó remitir el informe al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones legales correspondientes.
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