Cusqueño pierde su vivienda tras descubrirse que había sido alquilada a una red de prostitución

La Fiscalía de Extinción de Dominio de Cusco ha logrado que un inmueble utilizado como herramienta para actividades de prostitución sea transferido a favor del Estado

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Cusco, logró que el Juzgado Transitorio Especializado de Apurímac aprobara la demanda de extinción de dominio sobre un inmueble situado en la Avenida Centenario, en el distrito, provincia y departamento de Cusco.

La sentencia judicial establece que el derecho de propiedad de Daniel Miranda sobre el predio queda anulado, transfiriendo la titularidad al Estado Peruano. La investigación fiscal demostró que el inmueble fue utilizado como medio para actividades ilícitas relacionadas con el favorecimiento a la prostitución.

Durante una intervención policial, se descubrió que el establecimiento, conocido como el bar 707 o Mala Fama Club, funcionaba como fachada y albergaba a mujeres, entre ellas una menor de 13 años. Estas eran captadas a través de redes sociales para ofrecer servicios sexuales bajo un esquema de cobranza de comisiones y fichaje administrado por terceros. El fallo judicial enfatizó que el inmueble fue sistemáticamente adaptado para tales fines ilícitos, incluyendo la habilitación de espacios específicos en el segundo nivel para estas actividades.

Asimismo, se concluyó que el propietario no demostró una conducta diligente ni responsable en la supervisión del uso dado al inmueble por su arrendataria, lo que facilitó su explotación con fines que contravinieron el orden público. La ausencia de una buena fe cualificada por parte del propietario fue determinante en la decisión.

Con esta resolución, el Ministerio Público refuerza su compromiso en la lucha contra las economías ilícitas y la criminalidad organizada, destacando la extinción de dominio como un instrumento efectivo para recuperar bienes involucrados en delitos. El inmueble, tasado en 186,373 soles, será administrado por el Programa Nacional de Bienes Incautados conforme a los procedimientos legales vigentes, según lo señaló la fiscal adjunta provincial Joana Zuñiga.