Cusco recibió más de s/ 148.7 Millones por canon minero en el primer cuatrimestre para financiar obras clave

Las transferencias mineras acumuladas entre enero y abril a nivel nacional superaron los S/ 2,212 millones de soles, consolidando recursos para infraestructura

Nuestra región se ubica entre las principales beneficiadas del país, abriendo el debate local sobre la eficiencia en la ejecución presupuestal de los gobiernos locales

Un importante flujo de recursos económicos ingresó a las arcas de los gobiernos regional y locales durante el primer cuatrimestre de este año. De acuerdo con el último Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la región Cusco recibió un total de S/ 148,709,494 (más de S/ 148.7 millones) exclusivamente por concepto de Canon Minero entre enero y abril de 2026.

Esta inyección presupuestal, proveniente de las utilidades de la actividad extractiva en el país, se consolida como una herramienta financiera crucial para las municipalidades provinciales y distritales de nuestra región, las cuales dependen en gran medida de estos fondos para atender las demandas de la población.

Distribución nacional y posicionamiento del Cusco

A nivel de todo el territorio nacional, el adelanto y distribución del canon minero superó los S/ 2,212 millones de soles en los primeros cuatro meses del ejercicio fiscal. En el panorama macro, la lista de transferencias estuvo liderada por las siguientes regiones:

• Áncash: S/ 477.4 millones.
• Arequipa: S/ 313.6 millones.
• Tacna: S/ 237 millones.
• Ica: S/ 225.1 millones.
• Moquegua: S/ 220.2 millones.

Cusco se mantiene con una participación expectante y significativa dentro de este grupo. Al sumar otros conceptos mineros como regalías legales, contractuales y derechos de vigencia reportados al cierre de mayo, el aporte total de este sector productivo a las regiones peruanas sobrepasó los S/ 4,121 millones de soles.

El reto de la ejecución y el cierre de brechas

Para la población cusqueña y sus autoridades, el verdadero reto de cara al resto del año no radica únicamente en la recepción de estos S/ 148.7 millones, sino en la capacidad de gestión y transparencia para transformarlos en proyectos de impacto social directo. Por mandato de ley, estos recursos deben orientarse de manera obligatoria al cierre de brechas mediante obras de infraestructura pública, optimización de servicios de salud, mejoramiento educativo, saneamiento básico y acceso a agua segura en las zonas rurales de nuestras trece provincias.

Inmersos en un contexto de constante vigilancia ciudadana, los frentes sociales y las comunidades locales exigen que los alcaldes agilicen la ejecución del gasto de capital, evitando que el presupuesto quede paralizado en las cuentas bancarias mientras persisten necesidades urgentes en el campo y la ciudad.