Exigen al nuevo gobierno auditar a la empresa, rechazar prórrogas de concesión condicionadas y garantizar la seguridad energética del sur
La Asociación de Consumidores de Gas denuncia que Transportadora de Gas del Perú cobra hasta tres veces más de lo debido, acumulando excedentes millonarios
A pesar de que el gas natural que abastece a todo el país se extrae directamente de la provincia de La Convención, la región Cusco y el sur andino continúan atrapados en un sistema de transporte vulnerable, monopólico y con tarifas excesivas. La Asociación de Consumidores del Gas (ACG) lanzó una severa advertencia tras la crisis de desabastecimiento de marzo pasado, denunciando que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TgP) incumple su obligación contractual de garantizar la disponibilidad y seguridad del sistema.
Cobros excesivos y falta de redundancia en el ducto
El gremio civil criticó con dureza la postura pasiva del Ministerio de Energía y Minas (Minem) frente a un servicio que carece de rutas alternativas o de un sistema de redundancia. Esta deficiencia técnica expone constantemente a la población a quedar sin combustible ante contingencias climáticas como huaicos o fallas estructurales en la sierra.
El trasfondo económico revela un perjuicio directo para los usuarios nacionales, quienes financiaron inicialmente la construcción del ducto mediante un subsidio de casi 400 millones de dólares cargado a sus recibos de luz. Roberto Santiváñez, presidente de la ACG, detalló las irregularidades del esquema tarifario:
- Tarifa congelada: Una adenda firmada en el año 2010 fijó de forma permanente un cobro elevado de entre 1.50 y 1.70 dólares por millón de pie cúbico, impidiendo la reducción de precios a pesar del incremento masivo de consumidores.
- Margen real: Bajo un cálculo regulatorio justo, el costo real del transporte debería rondar los 60 centavos de dólar.
- Fondo excedente: El cobro de casi el triple de la tarifa técnica ha generado ganancias tan descomunales que, según la ACG, habrían alcanzado para construir la totalidad del gasoducto al menos dos veces.
Rechazo a adendas condicionadas de cara al nuevo gobierno
La problemática entra en una etapa política decisiva debido a que el contrato de concesión vence en el año 2033. Ante este escenario, la empresa TgP ha propuesto la construcción de un nuevo ducto hacia el sur valorizado en 2,000 millones de dólares; sin embargo, ha condicionado la ejecución de la obra a la firma de una adenda que extienda de manera inmediata su contrato de exclusividad por 10 años adicionales.
Frente a esta propuesta, la ciudadanía y las organizaciones sociales del Cusco exigen que la administración gubernamental entrante asuma el ordenamiento energético como una prioridad de urgencia. Demandan que el Ejecutivo haga fiscalizar con rigurosidad los informes emitidos por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Contraloría General de la República, entidades que ya han detectado los reiterados incumplimientos de la operadora. Los consumidores locales exigen que la riqueza de Camisea se traduzca en tarifas justas, un transporte seguro y una verdadera soberanía energética para la región productora.
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