Proveedor habría estado impedida de contratar con la entidad por vínculo de afinidad con una exregidora
La Contraloría General de la República identificó presuntos indicios de irregularidad en la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, provincia de La Convención, tras verificar la contratación de una proveedora que se encontraba legalmente impedida para contratar con la entidad edil. El hallazgo fue consignado en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 5901-2026-CG/GRCU-AOP, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Cusco.
De acuerdo con el documento de control, la ciudadana Melany Sayda Enríquez Serra habría sido contratada por la municipalidad pese a encontrarse comprendida dentro de los impedimentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Según la Contraloría, la proveedora mantenía un vínculo de afinidad con Yeny Pereira Baca, quien ejerció el cargo de regidora durante el período 2019-2022, situación que le impedía contratar con la entidad dentro del ámbito de competencia territorial correspondiente.
El informe señala que la contratación se realizó sin que servidores y funcionarios municipales advirtieran dicha restricción legal. Como consecuencia, la proveedora recibió pagos por un total de S/ 3 280 por servicios prestados a la comuna, lo que habría vulnerado disposiciones contempladas en la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, relacionadas con los impedimentos para contratar con entidades públicas.
Tras la evaluación efectuada, la Contraloría concluyó que existen hechos con indicios de irregularidad que requieren la adopción de acciones inmediatas por parte del titular de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. El órgano de control remitió el informe correspondiente para que las autoridades competentes determinen las responsabilidades y medidas que correspondan conforme a sus atribuciones.







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