El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó el rechazo definitivo de ambos recursos tras vencerse los plazos reglamentarios sin subsanar las observaciones técnicas de admisibilidad.
La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) declaró inadmisible la solicitud de indulto común presentada por la defensa legal del expresidente José Pedro Castillo Terrones. Asimismo, la instancia técnica dispuso el archivo definitivo de su pedido de derecho de gracia por razones humanitarias, cerrando de forma concluyente esta vía administrativa.
La decisión colegiada se adoptó en estricto cumplimiento de los reglamentos vigentes, tras corroborarse que el exmandatario —quien permanece recluido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022— no cumplía con los requisitos exigidos por el marco normativo nacional.
Cierre de trámite por falta de subsanación
Respecto al derecho de gracia por razones humanitarias, la comisión técnica detalló que la defensa del exjefe de Estado no cumplió con subsanar las observaciones e inadmisibilidades advertidas formalmente en una sesión previa.
De acuerdo con las causales del MINJUSDH:
- El Reglamento Interno de la Comisión otorga un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles para corregir cualquier deficiencia formal en los expedientes.
- Al haberse vencido dicho término sin que los abogados presentaran los sustentos correspondientes, la normativa obliga al rechazo inmediato y archivo de los documentos.
- Paralelamente, analistas legales precisaron que el pedido de indulto común carecía de viabilidad jurídica debido a que Castillo no cuenta con una sentencia condenatoria firme y consentida en última instancia para todos sus procesos pendientes.
Pronunciamiento e institucionalidad
Mediante un comunicado oficial, el sector Justicia reafirmó de manera enfática que todas sus resoluciones se ejecutan bajo criterios eminentemente técnicos y no políticos. La entidad garantizó que su proceder responde a una actuación objetiva, imparcial y estrictamente sujeta a la Constitución Política del Perú, la ley penal y las directivas internas del sistema carcelario.
Con este dictamen, el sexto intento consecutivo planteado por el equipo legal de Pedro Castillo para revertir su reclusión y obtener su excarcelación por prerrogativa del Ejecutivo queda totalmente desestimado en el fuero administrativo del Estado.
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