La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, el informe final que declara fundada la denuncia contra el diputado Julián Pérez Mallqui, representante de la agrupación política Juntos por el Perú. El documento técnico del grupo de trabajo legislativo recomienda formalmente al Pleno de la representación nacional sancionar al parlamentario con la suspensión en el ejercicio del cargo por 120 días de legislatura, junto con el descuento correspondiente de sus haberes por el mismo periodo.
La decisión se tomó durante la última sesión conducida por el presidente de la comisión, Henry Albañil Carmona. El informe, enmarcado dentro del Expediente 001-2026-2027/CEP-CD, recibió 5 votos a favor y un voto en contra, este último de la legisladora Jessica Pérez Quispe, perteneciente a la misma bancada del investigado.
Sustento de la acusación parlamentaria
Los cargos que pesan contra Pérez Mallqui se derivan de una presunta infracción al código de ética parlamentaria a raíz de una denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por su expareja. El legislador fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú el pasado 30 de julio, apenas unas horas después de haber jurado al cargo, convirtiéndose en el primer caso disciplinario de la actual legislatura.
De acuerdo con el peritaje del Certificado Médico Legal, la víctima presentó múltiples lesiones traumáticas recientes en extremidades. Si bien la defensa legal del diputado buscó interponer recursos judiciales para invalidar dicha prueba médica en el fuero ordinario, la comisión determinó que existieron suficientes elementos de convicción para recomendar la máxima sanción administrativa aplicable.
Nuevas investigaciones y escenario judicial
Paralelamente a esta sanción, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad el inicio de una segunda investigación contra Pérez Mallqui por presunto nepotismo, tras imputársele la contratación en su despacho de una ciudadana con quien mantendría un vínculo afectivo. Asimismo, en el plano judicial, el parlamentario afronta una investigación penal formal a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia por agresiones contra integrantes del grupo familiar. El informe final de la sanción será derivado a la Mesa Directiva para que el Pleno determine su ratificación final.
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