El pedido de facultades ingresó el 28 de agosto y la Cámara de Diputados aprobó una versión reducida el 6 de octubre, 39 días después. La propuesta pasó de 66 medidas en ocho materias a 20 puntos concentrados en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, antes de ser remitida al Senado. La PCM advirtió que “se han excluido acciones para formalizar las mypes, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos”, medidas de alta urgencia para dinamizar el sector comercial y turístico en la región Cusco.
Para la ciudadanía, la demora generó frustración. “Del 28 de agosto al 6 de octubre no hay una respuesta. Eso es pésimo. La vendetta siempre va a perjudicar al verdadero ciudadano, sea del nivel socioeconómico que sea”, señaló un administrador de empresas de Lima. En Arequipa, un consultor advirtió que “si una propuesta se presenta como urgente, debe existir un cronograma de evaluación y decisión”, mientras una abogada consideró que “la deliberación democrática es necesaria, pero no debería convertirse en una barrera para resolver problemas concretos”. En Cusco, un ciudadano manifestó que “lo prioritario aquí es pensar en la población, lo que necesita, los cambios que se necesitan, y que trabajen de manera conjunta, a pesar de que tengan líneas políticas diferentes”.
El recorte dejó fuera medidas vinculadas con formalización, financiamiento de mypes, empleo juvenil y simplificación de trámites. Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, sostuvo que “es una especie de decepción que no hayamos sido tomados en cuenta”. Jorge Zapata, presidente de Confiep, advirtió que la burocracia también retrasa inversiones y servicios: “Nos demoramos 15 años en proyectos de agua y saneamiento; tampoco puede ser que una emergencia se dé y recién se esté atendiendo luego de ocho días. Hay que cambiar esas leyes”. Asimismo, un cusqueño mencionó que es importante “apoyar a los pequeños emprendedores, quienes muchas veces tienen miedo a formalizarse por el tema burocrático”. Estas exclusiones postergan cambios que buscaban ampliar el acceso al crédito, reducir la informalidad y generar más oportunidades de empleo, mientras el Senado define el alcance final del pedido
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