Casi 8 de cada S/10 del presupuesto regional 2027 irán a planillas y pensiones, y solo el 21% quedará para obras

El Presupuesto Público 2027 asigna S/58 672 millones a los gobiernos regionales. De ese total, S/45 879 millones, cerca del 78%, corresponden a gasto corriente, que comprende principalmente personal, pensiones, bienes, servicios y otras obligaciones necesarias para el funcionamiento de las entidades públicas. En cambio, S/12 458 millones, alrededor del 21%, están destinados a gasto de capital, como obras, infraestructura y otras inversiones. Para Cusco, la situación es similar, el presupuesto conjunto del Gobierno Regional y las 116 municipalidades pasará de S/7023.6 millones aprobados para 2026 a S/6580.8 millones propuestos para 2027: una reducción de 6.3%. Además, se muestra una mayor presión del gasto corriente, pues personal y obligaciones sociales aumentarán S/93 millones, prácticamente todo el incremento neto del gasto corriente, que será de S/93.1 millones.

La Exposición de Motivos del MEF advierte que el crecimiento de obligaciones permanentes aprobadas en años anteriores viene reduciendo el margen disponible para nuevas inversiones. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, cuestionó esta tendencia: “Hemos visto en los últimos años un incremento paulatino y, a veces, injustificado del gasto corriente de los gobiernos regionales y locales a nivel nacional. La planilla del Estado se ha multiplicado y eso no nos está permitiendo avanzar”. Desde Arequipa, Gregorio Rodríguez, presidente de la urbanización Francisco Mostajo, en Paucarpata, fue más directo: “Ese dinero debería destinarse a mejorar las zonas críticas que tenemos, pero es lamentable que se reparta en planillas. El dinero debe ser destinado a lo que se necesita con urgencia”.

Con menos recursos disponibles para inversión, el reto también está en evitar que el dinero asignado se disperse entre proyectos inconclusos. Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad, planteó establecer criterios claros antes de aprobar nuevas obras. “Es importante que haya criterios claros, como desempeño y cierre de obras, que eviten que una entidad pueda crear proyectos sin haber cerrado los que ya tiene”, señaló. Según explicó, solo alrededor del 30% de los proyectos creados en los últimos 10 años figura como cerrado.