Una severa crisis institucional y de seguridad nacional sacude el Congreso de la República tras la difusión de una investigación que identifica a al menos diez trabajadores en funciones que aparecen registrados como adherentes en el planillón que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)—brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso—utilizó para intentar inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Los implicados se desempeñan actualmente en puestos clave como asesores principales, asesores II, técnicos y auxiliares dentro de los despachos de diputados y senadores pertenecientes a la bancada de Juntos por el Perú (JPP), así como en una comisión del Senado. Las planillas oficiales del Parlamento confirman que estos funcionarios perciben sueldos financiados por el erario público que oscilan entre los S/11,000 y S/14,000 mensuales.
Casos emblemáticos y remuneraciones
Entre los casos más alarmantes presentados en el informe destaca el de Hilso Claudio Ramos Cosme, quien ejerce como asesor principal del diputado por Puno, César Hugo Tito Rojas, con una remuneración exacta de S/14,000 al mes. En el mismo despacho parlamentario se contrató a Richard Leandro Tipo Quispe bajo el cargo de asesor II, percibiendo un salario de S/11,000 mensuales. Ambos figuran formalmente con nombre y firma en las actas fundacionales del Movadef.
Asimismo, la investigación involucra al despacho del senador José Chipana, quien incorporó como asesora II a Zaida Yesel Huanca Mamani. Casos similares se reportaron en las oficinas del senador Hugo Ccahuana y de los diputados Sadith Pérez Quispe y Alejandro Manay Pillaca. Este último legislador cuenta, además, con el antecedente de haber sido detenido por la Dircote en el año 2023 por presuntos vínculos con el terrorismo junto a Rocío Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi’.
Exigen control y filtros inmediatos
Al respecto, diversas bancadas políticas del Parlamento han alzado su voz de protesta exigiendo la inmediata separación del personal cuestionado. El presidente del Senado, Miguel Torres, señaló de manera categórica que la contratación del personal de confianza es responsabilidad directa y exclusiva de cada parlamentario, por lo que instó a los miembros de la bancada de JPP a revisar de forma exhaustiva los antecedentes ideológicos y legales de sus trabajadores para cautelar la seguridad del país.
Por su parte, parte de los colaboradores consultados optaron por evitar brindar declaraciones, mientras que otros negaron una afiliación consciente aduciendo desconocer cómo terminaron sus datos en los padrones presentados por el movimiento senderista ante las autoridades electorales.







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