Organizaciones sociales exigen la salida del director de Cultura Diego Pajares y la ruptura del convenio con la asociación Pi Rambla. Advierten que, si no hay respuesta, convocarán a un paro regional.
En Cusco, cuando la paciencia se agota, la protesta se convierte en advertencia. Y cuando la advertencia no es escuchada, se transforma en paro. Ese parece ser el camino que han decidido recorrer las organizaciones sociales reunidas en la Asamblea Regional del Cusco, que esta semana enviaron una carta abierta a la ministra de Cultura, Fátima Altabás, con exigencias directas y un ultimátum político.
El documento, fechado el 7 de marzo, acusa a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco de estar sumida en una trama de presuntos actos de corrupción. El principal señalado es su director, Diego Pajares, a quien responsabilizan de favorecer a la Asociación Pi Rambla, un grupo vinculado a teorías pseudocientíficas sobre la historia del mundo andino. La carta no se queda en insinuaciones. Afirma que Pajares habría “instalado una organización criminal” junto a asesores provenientes de Lima y funcionarios de la propia entidad cultural. Según los firmantes, desde esa estructura se estaría impulsando la aprobación de un proyecto que permitiría a los integrantes de Pi Rambla intervenir en las llamadas chincanas o pasajes subterráneos incas en Cusco.
Para los dirigentes cusqueños, el problema no es solo administrativo. Es también simbólico. La Asociación Pi Rambla sostienen difunde teorías que niegan el origen inca de monumentos emblemáticos como el Coricancha, atribuyéndolos a supuestas civilizaciones “intraterrestres” o a culturas ajenas al mundo andino. En la carta se menciona que el impulsor de estas ideas, Anselmo Pi Rambla, ha llegado a afirmar que el complejo religioso incaico fue construido miles de años antes de Cristo por entidades desconocidas. Para las organizaciones sociales, esas afirmaciones constituyen una ofensa directa a la identidad cultural del Cusco.
Pero la controversia no termina allí. Los firmantes también denuncian que el proyecto impulsado por Pi Rambla se superpondría con áreas de investigación del Proyecto Chincana, una iniciativa arqueológica dirigida por especialistas cusqueños que ya cuenta con autorización oficial y que actualmente se encuentra en ejecución. Ese proyecto recuerdan ha tenido amplia difusión internacional. Investigaciones sobre los pasajes secretos incas han sido reportadas por medios nacionales e internacionales y han despertado interés académico en diversos países.
Por eso consideran especialmente grave que se pretenda autorizar excavaciones sobre zonas ya investigadas o delimitadas por arqueólogos locales. La carta también señala presiones internas dentro del propio Ministerio de Cultura. Según la denuncia, funcionarios del despacho ministerial habrían realizado llamadas para acelerar los trámites administrativos que permitirían aprobar el proyecto de la asociación extranjera. A esto se suma otro elemento delicado: integrantes del Proyecto Chincana habrían denunciado amenazas y actos de hostigamiento por parte de personas vinculadas a Pi Rambla, hechos que según el documento ya fueron reportados públicamente.
Frente a este escenario, la Asamblea Regional del Cusco formula tres exigencias concretas. La primera: la destitución inmediata de Diego Pajares como director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. La segunda: la cancelación del convenio que el Ministerio de Cultura mantiene con la Asociación Pi Rambla. Y la tercera: la intervención de la institución por parte del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República para investigar posibles irregularidades. Pero el mensaje final es el que marca el tono político del conflicto.
En un reciente video difundido por los dirigentes sociales, se advierte que si la ministra Altabás no atiende estas demandas, el Cusco convocará a un paro regional. En una ciudad acostumbrada a defender su patrimonio con movilizaciones masivas, la advertencia no parece menor. Y el reloj político ya empezó a correr.
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