La demanda constitucional de cumplimiento exige la transferencia total de la Dirección Desconcentrada de Cultura, incluyendo el Santuario Histórico de Machu Picchu
El despacho legal encabezado por Luciano López Flores asumió la representación del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, en un proceso judicial contra el Ministerio de Cultura. El pedido central apunta a que la autoridad nacional entregue la gestión y administración total del patrimonio cultural del Cusco, incluida la administración del Santuario Histórico de Machu Picchu.
La demanda se fundamenta en una disposición de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura que, según Salcedo, el gobierno central no ha cumplido desde hace más de 15 años.
Según comunicó el bufete Luciano López & Abogados, la acción busca que se transfiera íntegramente la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco al gobierno regional.
El reclamo, presentado ante el Tercer Juzgado Civil de Cusco, sostiene que la medida permitiría a la región tomar las riendas de sus recursos culturales de forma autónoma, eficaz y en beneficio tanto local como nacional.
En una declaración enviada a la opinión pública y recogida por El Comercio, López Flores manifestó: «El incumplimiento del Ministerio de Cultura afecta la descentralización y expone a los gobiernos regionales a deficiencias en la gestión del patrimonio cultural“.
Mencionó también la importancia de cumplir la ley vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de protección del patrimonio cultural.
Una demanda basada en obligaciones legales
De acuerdo con la información proporcionada por El Comercio, el gobernador Werner Salcedo interpuso la demanda constitucional de cumplimiento tanto en su calidad de autoridad como de ciudadano cusqueño.
El argumento principal se apega a la disposición final de la Ley N.º 29565, promulgada en 2010, que ordenó transferir al ámbito regional la gestión del patrimonio cultural, incluyendo la administración de Machu Picchu. El plazo original establecido por la norma ya ha vencido, y la transferencia no se ha realizado.
El documento presentado ante el Poder Judicial afirma que, desde la promulgación de esta ley, ha habido una omisión prolongada por parte del Ministerio de Cultura.
Según la defensa, la falta de cumplimiento no solo afecta la autonomía regional, sino que también plantea cuestionamientos sobre la descentralización efectiva y la capacidad de las regiones para gestionar sus bienes culturales.
Luciano López, especialista en derecho constitucional, explicó: “Es hora de que el Estado honre su palabra y cumpla la ley y los compromisos internacionales asumidos en materia de protección y descentralización del patrimonio”. Además, señaló que este proceso podría sentar precedente jurídico aplicable en otras regiones con patrimonios de importancia similar.
