El posible desalojo de oficinas en Cusco destapa algo más grave que una deuda: una gestión que prefiere callar antes que rendir cuentas. Desde Cusco piden la renuncia de la directora interina
En el Ministerio de Cultura parece haberse institucionalizado una práctica peligrosa: callar. No responder, no dar la cara, no asumir responsabilidades. En Cusco, esa conducta tiene hoy un nombre propio: Maritza Rosa Candia, jefa interina de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), quien frente a una crisis evidente ha optado por el mutismo como estrategia. La situación no es menor.
Se trata del posible desalojo de las oficinas del Ministerio de Cultura en Cusco por una deuda de alquileres. Un hecho que, en cualquier gestión mínimamente responsable, habría activado un plan de contingencia, una explicación pública y, sobre todo, transparencia. Pero nada de eso ha ocurrido. Lo que sí ha habido es silencio. LimaGris intentó comunicarse directamente con Candia. Hubo un primer contacto. Respondió. Dijo estar en una reunión. Prometió confirmar una entrevista.
Han pasado tres días desde entonces. No volvió a contestar. No atendió llamadas. El teléfono, apagado. La promesa, incumplida. La actitud, reveladora. Porque el problema no es solo la falta de respuesta. Es lo que ese silencio significa: una negativa a rendir cuentas en medio de un escándalo que compromete la gestión cultural en una de las regiones más importantes del país.
Callar, en este contexto, no es neutral. Es tomar partido. Es encubrir. Es, en términos políticos, un silencio cómplice. Y no es la primera vez que el nombre de Maritza Rosa Candia aparece rodeado de cuestionamientos. Su paso previo por la administración pública dejó más sombras que certezas. El escándalo vinculado a Joinnus y las denuncias de irregularidades en su gestión anterior no son detalles menores. Son antecedentes. Son señales de alerta que, lejos de ser atendidas, parecen haber sido ignoradas. Por eso hoy, en Cusco, no sorprende el malestar.
Desde el sindicato SITRACAS se ha señalado con claridad que su designación como jefa interina fue un error. No un accidente, sino una decisión política equivocada. Una más. Y aquí la responsabilidad escala. Porque Candia no se designa sola. Detrás está la ministra de Cultura Fátima Altabás, cuya gestión empieza a mostrar un patrón preocupante: funcionarios cuestionados, crisis mal manejadas y, nuevamente, silencio. Ni ante la prensa, ni ante el Congreso.
La ausencia de respuestas se ha vuelto política de Estado. Mientras tanto, en Cusco, los trabajadores enfrentan la incertidumbre de un posible desalojo. Una imagen que resume el deterioro institucional: oficinas públicas que podrían ser cerradas por deudas impagas. Patrimonio cultural gestionado desde la precariedad. Funcionarios que no responden. Autoridades que desaparecen.
Comunicado o manotazo de ahogado
El Ministerio de Cultura, hace una horas a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, emitió un comunicado en el que intenta desactivar la crisis. Asegura que no existe ningún proceso de desalojo en el inmueble de Wanchaq, pero admite sin rodeos la existencia de una deuda por alquiler. Es decir, niega el desenlace, pero confirma el problema. El documento también señala que el pago se realizará “en el más breve plazo” y que el caso ya fue derivado a instancias administrativas para determinar responsabilidades. Sin embargo, el comunicado no explica cómo se llegó a esta situación ni quiénes permitieron que la deuda se acumule.
Una vez más, la versión oficial llega tarde, incompleta y sin rostros responsables. La cultura, en el discurso oficial, es identidad, memoria y orgullo nacional. En la práctica, parece ser abandono, improvisación y opacidad. El caso de Maritza Rosa Candia no es solo el problema de una funcionaria que no responde llamadas. Es el síntoma de un sistema que protege el silencio antes que la verdad. Y en el Perú, cuando el poder calla, casi siempre es porque algo no quiere que se escuche. (LimaGris)
