Informe advierte incremento en pagos a regidores durante 2025 pese a monto fijado previamente
La Contraloría General de la República del Perú advirtió un presunto incremento irregular en el pago de dietas a regidores de la Municipalidad Distrital de Tinta, en la provincia de Canchis, durante el año 2025, pese a que el monto había sido fijado al inicio de la actual gestión municipal.
Según el informe de control emitido por la entidad fiscalizadora, el concejo municipal habría aprobado un reajuste en el monto de las dietas que perciben los regidores por su asistencia a sesiones de concejo. Inicialmente, el pago había sido establecido en S/ 351 por sesión para todo el periodo de gestión municipal 2023–2026. Sin embargo, en 2025 se autorizó un incremento hasta aproximadamente S/ 391.83 por sesión, lo que generó la observación del órgano de control.
De acuerdo con la Contraloría, la modificación del monto no se ajustaría a la normativa vigente, ya que las dietas de los regidores deben fijarse solo durante el primer trimestre del primer año de gestión municipal y mantenerse sin variaciones durante todo el periodo de gobierno local.
Detalles del caso
El informe señala que el reajuste fue aprobado mediante un acuerdo del concejo municipal, basado en una interpretación normativa que consideraba posible actualizar el monto de las dietas. No obstante, la Contraloría sostiene que esta decisión contravendría lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula las remuneraciones y dietas de las autoridades municipales.
Como consecuencia de esta medida, los regidores habrían percibido pagos superiores a los establecidos originalmente, lo que, según el informe, podría afectar la correcta administración de los recursos públicos del municipio. La intervención corresponde a una acción de oficio posterior, un mecanismo de control que permite a la Contraloría alertar a las entidades públicas sobre situaciones que podrían afectar la legalidad o el uso adecuado de los recursos del Estado.
En ese sentido, la entidad recomendó al titular de la municipalidad evaluar el caso y adoptar las medidas administrativas necesarias para corregir la situación detectada y determinar posibles responsabilidades si corresponde. Asimismo, se exhortó a fortalecer los mecanismos internos de revisión legal antes de aprobar decisiones que impliquen el uso de recursos públicos.
