Mientras la Dirección Desconcentrada de Cultura administra millones para custodiar el legado histórico del país, crecen los cuestionamientos por contrataciones externas que revelan un preocupante despilfarro de dinero en la gestión de Diego Pajares
Hay formas de centralismo que no necesitan decretos ni discursos altisonantes. Se instalan, más bien, con la discreción de una firma en una orden de servicio, con el murmullo administrativo de un contrato que no escandaliza por su legalidad sino por su significado.
Algo de eso parece estar ocurriendo en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, una institución que custodia no solo piedras antiguas sino la memoria viva de una civilización. Un informe interno el documento N.° 000002-2026-UGIEMN/MC dirigido al director Diego Pajares Andonayre, advierte sobre la instalación de barreras internas que estarían aislando la gestión. Trabajadores de la propia entidad describen un despacho cada vez más hermético, menos permeable a la deliberación técnica de quienes conocen el territorio, sus urgencias y sus fragilidades.
En una ciudad donde cada muro incaico es símbolo de resistencia y continuidad, resulta paradójico que dentro de la institución encargada de proteger ese patrimonio se levanten, según el informe, muros administrativos. Pero no se trata solo de una cuestión de estilo o clima laboral. Según un informe diario Qosqo Times, el asunto tiene también una dimensión económica que merece ser examinada sin complacencias. El portal del Ministerio de Economía y Finanzas, señala que la DDC de Cusco manejó en 2025 un presupuesto superior a los 137 millones de soles y ejecutó 102 millones. Son cifras respetables, incluso impresionantes.
En ellas se cifra la responsabilidad de proteger uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo. En ese contexto aparecen contratos oscuros que despiertan interrogantes legítimas. El 5 de febrero de 2026 se emitió una orden de servicio para contratar a la abogada limeña Mónica Lucía Ugarte Quijandría. Su tarea no consistía en elaborar un informe puntual ni en desarrollar una consultoría especializada con objetivos delimitados. Se trataba de acompañar directamente al director durante cien días en reuniones, comisiones de trabajo y decisiones administrativas.
Por ese servicio se pagaron 44 mil soles, es decir, aproximadamente 440 soles diarios. Meses antes, en diciembre de 2025, se había contratado a otra abogada proveniente de Lima, Betty Alejandrina Calderón Domínguez, por 8 mil soles durante 25 días calendario unos 320 soles diarios para realizar seguimiento de acciones en materia de integridad institucional, revisar documentos y proyectar respuestas administrativas. No fue una investigación anticorrupción ni un diagnóstico estructural de la entidad, sino un informe consolidado que habilitó el pago íntegro del servicio.
Las órdenes de servicio son mecanismos previstos por la ley para contratar asesorías especializadas. El problema, sin embargo, no siempre radica en la legalidad sino en la orientación de las decisiones. ¿Se trata de fortalecer la gestión cultural en Cusco o de sustituir progresivamente la experiencia técnica local por una confianza importada desde Lima? Fuentes internas sostienen que estos no serían casos aislados y que incluso se habría destinado una sala exclusiva para asesores externos, muchos de ellos provenientes de la capital.
Si ello es cierto, la imagen resulta inquietante: profesionales cusqueños observando desde la periferia administrativa cómo las decisiones se concentran en manos foráneas. Cusco no es una oficina más del aparato estatal; es un símbolo de identidad nacional y memoria andina. Gobernarlo culturalmente exige sensibilidad histórica y conocimiento del terreno, no solo solvencia jurídica.
Cuando el talento local es desplazado, aunque sea de manera sutil y formalmente impecable, el centralismo deja de ser una abstracción política y se convierte en práctica cotidiana. Tal vez nadie haya dictado la orden de recentralizar la cultura. Pero si las decisiones estratégicas comienzan a depender, cada vez más, de asesores traídos desde la capital, el mensaje implícito es claro. Sin moverse del edificio, la gestión cultural de Cusco podría estar mudándose, simbólicamente, hacia Lima. Y esa mudanza, más que administrativa, sería profundamente moral.
