Un intento más de atentar contra el Cusco busca la autorización para el transporte ilegal mediante el servicio ferroviario.
En las últimas semanas, diversas publicaciones en redes sociales han alertado sobre una posible convocatoria a un nuevo paro en Machupicchu, que implicaría el bloqueo de la vía férrea para presionar a Peru Rail y a la concesionaria Ferrocarriles Trasandinos. La acción estaría motivada por presuntas irregularidades en el transporte de combustibles, un problema que podría generar graves riesgos para la seguridad de los pasajeros y vulnerar la normativa vigente.
De concretarse, esta paralización afectaría nuevamente la economía del Cusco, cuya principal actividad depende del turismo.
El centro de la controversia son las denuncias contra el transporte irregular de combustible, presuntamente realizado por personas vinculadas a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. Este traslado, ejecutado mediante recipientes improvisados en los trenes hacia Machupicchu, habría sido identificado dentro del Santuario Histórico, generando gran preocupación.
El OSINERGMIN y el OSITRAN recordaron que cualquier traslado de combustible debe realizarse únicamente en vehículos autorizados diseñados específicamente para ese propósito.
La semana pasada, OSINERGMIN emitió un comunicado ratificando que el transporte de combustible en trenes de pasajeros es categóricamente ilegal, y que el “transporte al menudeo” no está contemplado por la normativa del sector. Cualquier modalidad fuera de estas disposiciones incurre automáticamente en ilegalidad.
Asimismo, la entidad cuestionó cualquier intento de justificar esta actividad bajo argumentos ajenos al cumplimiento de la ley, pues representa riesgos significativos para turistas y trabajadores.
OSINERGMIN informó también haber derivado el caso al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y a las municipalidades correspondientes, para que adopten acciones inmediatas. Además, se denunció que este tipo de actividades carecerían de respaldo formal en cuanto a contrataciones y seguros laborales, lo que constituye una falta grave.
Aunque toda iniciativa empresarial es valorada cuando aporta al desarrollo económico, esta debe cumplir estrictamente con las normativas legales. Pretender justificar actividades irregulares resulta un atentado contra la institucionalidad.
El texto recuerda que el año pasado los responsables de San Antonio de Torontoy solicitaron información sobre los requisitos para operar legalmente en el transporte de combustibles, pero no completaron los trámites.
Finalmente, se advierte que una paralización como la anunciada perjudicaría directamente a Machupicchu, al Cusco y al país, por los graves efectos sobre el turismo. Las autoridades están llamadas a actuar con firmeza para evitar que estas actividades pongan en riesgo la seguridad, el patrimonio cultural y el orden social.
