Ciudadano Rubén Conde Cruz amplía acusaciones y solicita investigación fiscal sobre presuntas irregularidades en el proyecto de transitabilidad en la urbanización industrial
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco recibió el 6 de febrero de 2026 una denuncia formal presentada por Rubén Conde Cruz, quien señala al alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, Ricardo Yuri Cornejo Sánchez, y a otros funcionarios municipales por el presunto delito de malversación de fondos. En su escrito, el denunciante afirma actuar “al amparo del artículo 326 del Código Procesal Penal, en defensa del legítimo derecho e interés de la sociedad civil”, solicitando que se investigue el uso del presupuesto asignado al proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la urbanización industrial del distrito de Sicuani”.
Instalación de pedestales que no figuran en el expediente técnico
Según la denuncia, uno de los puntos más preocupantes es la instalación de 14 pedestales con placas informativas en diversas calles del distrito, los cuales —sostiene— no estaban contemplados en el expediente técnico de la obra. El documento afirma: “Estas placas no cuentan con justificación técnica ni sustento jurídico, y fueron construidas con fondos destinados estrictamente al mejoramiento de la transitabilidad, no a publicidad institucional”. Cada pedestal habría tenido un costo aproximado de mil soles, lo que generaría un gasto de 14 mil soles presuntamente empleado sin autorización. El denunciante añade que la presencia de las placas “promueve de manera indebida el nombre y la imagen del alcalde”.
Inconsistencias entre los costos reportados y los elementos ejecutados
La acusación también señala discrepancias entre los montos ejecutados y los informes técnicos. Los responsables del proyecto habrían reportado un gasto total cercano a 8 mil soles, cifra que —según el denunciante— “no guarda relación con la cantidad de estructuras instaladas ni con el costo real de materiales y mano de obra”. El proyecto figura en los registros con los códigos SIAF 0000001134 y CUI 2328040. En el escrito, Conde Cruz enfatiza que “el análisis financiero evidencia una ejecución presupuestal insuficiente e incompatible con las obras observadas en campo”. Además, sostiene que la instalación de las 14 placas “revela un uso discrecional del presupuesto público, destinado originalmente a mejorar la infraestructura vial y no a colocar recordatorios o placas conmemorativas”.
Funcionarios mencionados en la denuncia
La denuncia no solo se dirige al alcalde provincial, sino también a otros funcionarios que habrían tenido participación en el proceso de ejecución y supervisión del proyecto. Entre ellos se encuentran Dante Iván Loaiza Peña, identificado como residente de obra; Walter Ttito Quispe y Fidel Ubaldo Amaru Amaru, responsables de supervisión técnica; así como Violeta Delfina Paredes Mendoza, Ruth Meri Callo Olarte y Kari Marleny Choque Choque, quienes —de acuerdo con el documento— habrían participado en la adquisición y administración de materiales. El denunciante señala que “todos ellos integran la cadena de responsabilidades en la administración del proyecto y deben ser investigados para determinar el nivel de participación que les corresponda”.
Pedido de investigación y transparencia en el uso del gasto público
Finalmente, en su petición, Conde Cruz solicita que el Ministerio Público “proceda con la inmediata verificación de los hechos denunciados, la revisión del expediente técnico y la auditoría del presupuesto ejecutado”. Asimismo, pide que se determine si las acciones descritas constituyen una desviación de recursos o una infracción a la normativa de obras públicas. La población de Canchis sigue con atención el avance de este proceso, dado que el caso se enmarca en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión municipal y el manejo del presupuesto destinado a infraestructura urbana. Según el denunciante, “la correcta administración de los recursos es un deber fundamental del Estado, y cualquier irregularidad debe ser esclarecida para proteger el interés público”.
