Gerente de Desarrollo Económico y un periodista implicados en el caso
El Ministerio Público ha ordenado la acumulación y ampliación de una investigación por presunto cohecho pasivo propio que involucra a funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco.
La disposición fiscal fusiona dos carpetas de investigación y apunta a tres implicados: el fiscalizador Víctor Raúl Banderas Ninancuro, el gerente de Desarrollo Económico, Juvenal Cereceda Vásquez, y el periodista Jack Killer Concha Llancay. El caso, que ha sido tipificado como un delito contra la administración pública, investiga la supuesta exigencia de dinero a un empresario a cambio de evitar la clausura de su negocio.
Denuncian exigencia de S/ 10,000 para no clausurar un local
Según la denuncia presentada por Robbie Karlos Flores Callahui, el caso se remonta al 13 de junio de 2025. El empresario acusa que fue citado a la Gerencia de Desarrollo Económico, donde el gerente Juvenal Cereceda le habría exigido el pago de S/ 10,000 para no cerrar su local, el “Club Bulevar”. Horas después, y al no recibir el dinero, el fiscalizador Víctor Banderas procedió a la clausura inmediata del establecimiento. La denuncia señala que esta operación fue una acción «deliberadamente clandestina» para encubrir actos ilícitos, y que otros locales en condiciones similares no fueron fiscalizados.
Para continuar con las diligencias, el Ministerio Público ha ordenado a la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR-Cusco) la toma de declaraciones indagatorias a los nuevos investigados, Juvenal Cereceda Vásquez y Jack Killer Concha Llancay. La Fiscalía busca obtener mayores detalles de los hechos y ha precisado que ambos deben asistir obligatoriamente acompañados por su abogado defensor. Además, se ha dispuesto la visualización, transcripción y lacrado de un CD que el denunciante ha entregado como parte de la evidencia del caso.
La denuncia de Robbie Flores Callahui también detalla que algunos de los agentes municipales no portaban credenciales válidas y que uno de ellos le mostró una que parecía ser falsa. El empresario considera que el hecho de que otros establecimientos no fueran fiscalizados evidencia un trato discriminatorio, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
El denunciante solicita garantías personales tras recibir amenazas
A raíz de su denuncia, el propietario del «Club Bulevar» ha manifestado que ha sido objeto de amenazas, por lo que se ha visto en la necesidad de solicitar garantías personales ante la Policía Nacional. Este hecho subraya el clima de intimidación en el que a menudo se ven envueltos los ciudadanos que denuncian actos de corrupción. La investigación se mantiene en curso para determinar las responsabilidades de los funcionarios y el periodista presuntamente implicados en el caso.
