Carpeta Fiscal N.° 2025 confirma que la ausencia del informe valorativo de daños debilitó la acusación y fue determinante en la liberación de la intervenida
La liberación de Karin Areli Sucno Mamani, intervenida tras ser acusada de realizar pintas obscenas en un muro inca de la calle Inka Roca en el centro histórico de Cusco, ha desatado una controversia que ahora deja en entredicho la versión oficial del Ministerio de Cultura.
Un documento oficial de la Fiscalía, al que accedió un medio local, revela que la decisión de dejar en libertad a la investigada el 25 de agosto se sustentó en la falta de dos elementos clave: la pericia antropomórfica comparativa para confirmar su identidad en los videos y el informe de la Dirección Desconcentrada de Cultura sobre el valor y perjuicio de los daños ocasionados al patrimonio cultural.
La disposición fiscal, firmada por la Dra. Hestela Rojas Enríquez, fiscal provincial del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Cusco, señala expresamente que “al no contarse con suficientes elementos de convicción (…) resulta pertinente variar la situación jurídica de la detenida y ordenar su libertad”, quedando en calidad de citada.
El pronunciamiento contradice directamente lo expresado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que en un comunicado afirmó: “Es absolutamente falso que la liberación de la persona intervenida haya sido consecuencia de una supuesta falta de documentación por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura. La institución cumplió con presentar, dentro de los plazos establecidos, toda la documentación que el caso amerita”.
No obstante, la carpeta fiscal N.° 2025 confirma que la ausencia del informe valorativo de daños debilitó la acusación y fue determinante en la liberación de la intervenida.
El jefe del Órgano Desconcentrado de Control del Ministerio Público, Erick Vera, confirmó que fueron dos las razones que impidieron formalizar el pedido de prisión preventiva: la falta de la pericia antropomórfica y la ausencia del documento de Cultura.
Al respecto, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, Rosendo Baca, responsabilizó directamente al sector Cultura, «esto ya se está repitiendo en varios espacios. La seguridad corresponde al Ministerio de Cultura. Ellos tienen la administración, preservación, control y seguridad de cada recurso turístico y arqueológico, como en este caso”, afirmó.
En tanto, la jurista Tika Luizar, integrante de la Comisión de Juristas del Cusco, cuestionó la actuación judicial, “el Poder Judicial está demostrando absoluta tolerancia en los atentados al patrimonio cultural. Recordemos que a ciudadanos chilenos se les dictó condena y reparación civil. Con mayor razón debería aplicarse a los nuestros. No puede ser tan permisiva la administración judicial”, explicó.
