El Parlamento emitió un comunicado negando la presunta construcción de una sede en la playa y explicó lo que ocurre con el predio en el distrito de Santa María
Los primeros días del mes de octubre de 2023 estalló un escándalo de ribetes nacionales: el Congreso de la República gastaría 17 millones de soles en construir un centro de capacitaciones en el exclusivo balneario de Santa María del Mar, a más de 60 kilómetros del centro de la capital.
Ante la indignación ciudadana, las autoridades del Parlamento se encargaron de desmentir la fastuosa construcción indicando que no había expediente técnico ni presupuesto, por lo que la obra, aunque posible, no tenía fecha a la vista.
¿Es cierto que el Congreso no tiene en mente tal millonaria inversión? Pues no, no es cierto.
El 30 de enero de 2025, hace menos de diez días, el Departamento de Logística del Congreso de la República emitió la orden de servicio N.° 74 a favor del arqueólogo Máximo Salazar Vivanco por un monto de más de 141,000 soles para que realice un “servicio de consultoría para la elaboración del proyecto de evaluación arqueológica (PEA) para la elaboración del expediente técnico del proyecto ‘Construcción del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios’, distrito de Santa María del Mar”.
Exactamente, el Congreso destinará S/141,354.21 para continuar con el proyecto y tener su centro de capacitación playero.
En la orden de servicio a la que accedió Perú21, se observa que el plazo de ejecución será de 125 días calendario, y que los pagos a Salazar serán de acuerdo a la presentación de los entregables descritos en los términos de referencia, aunque se le transfiere de adelanto el 30% del monto del contrato.
Firman el documento la coordinadora del Grupo Funcional de Compras del Congreso, Nélida Gálvez Saldaña; la jefa del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones, Jenniffer Elizabeth Chambio Hermosa; y el jefe del Departamento de Abastecimiento, Carlos Alberto Pingus Gomes.
Quien por entonces fue la directora general de Administración del Congreso, la excongresista Marisol Espinoza, mencionó en RPP que “no hay ni siquiera expediente técnico para este proyecto, no hay perfil, presupuesto, ni un sol invertido”.
Dijo, también, que el proyecto pasó por las gestiones parlamentarias de los años 2011-2016 y 2016-2021 y que “nadie se va a atrever a construir” la infraestructura por el rechazo que genera. Parece que la gestión de Eduardo Salhuana piensa distinto.
Según reveló Cuarto Poder en diciembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le entregó en cesión el terreno de 35 mil metros cuadrados al Congreso con el compromiso de que realice el proyecto y diseño de su centro de capacitación, con un aforo para 4,000 personas, en un plazo máximo de dos años. De lo contrario, retornaría a posesión de la SBN.
GASTO INDOLENTE
¿Qué tan necesario es un gasto millonario de este tipo? El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Güembes sostuvo que “los que deben preocuparse de la capacitación en materia política, constitucional y parlamentaria son los partidos políticos”.
“El nivel de las capacitaciones que realiza el Congreso es mediocre o de dudoso nivel académico. Invertir en un local en un balneario ‘apitucado’ es una alternativa banal. Mejor sería que todo el Congreso se desplazara a otro local al interior del país, como Cerro de Pasco, Ñahuimpuquio, Huancavelica, Puno oMadre de Dios, para que desarrolle su tarea en mayor proximidad con las zonas más deprimidas del país”, declaró a Perú21.
Por su parte, el abogado constitucionalista y especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi sostuvo que “no es necesario un centro de capacitación tan lejos de la ciudad”.
“Cualquier universidad privada puede dar una capacitación presencial o virtual a cualquier trabajador del Congreso. Creo en la capacitación semestral y obligatoria, pero no creo en la dilapidación de recursos públicos. Lo que usted me dice no es un centro de capacitación; es una casa de playa de diversiones”, anotó.
Los responsables, continuó, son la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Salhuana, y el contralor general, quienes podrían ser acusados de infracción constitucional por el próximo Parlamento.
