miércoles, enero 20, 2021
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Reformas en la Comercialización de la Agricultura en India

M. Subbarayudu, Embajador de la India

La agricultura, al ser la mayor fuente de sustento, es un sector prioritario para la India, ya que aporta alrededor del 17% del valor añadido bruto. La reforma del sistema de comercialización agrícola ha sido un proceso continuo. En septiembre de 2020, el Parlamento de la India promulgó dos leyes agrícolas y modificó otra ley existente. Esas reformas se demoraron mucho tiempo, ya que las principales reformas económicas llevadas a cabo en 1991 en la India no abarcaban la agricultura.

La Ley de Comercio y Producción Agrícola de 2020 (Ley FPTC) ofrece más opciones a los agricultores para vender sus productos.  Les ofrece una amplia opción para vender sus productos a cualquier persona o en cualquier lugar físico o electrónicamente. La Ley del Acuerdo sobre Garantía de Precios y Servicios Agrícolas de 2020 (Ley APAFS) aísla a los agricultores de los riesgos del mercado y de los precios, de manera que pueden dedicarse a cultivos de alto valor sin preocuparse por el mercado y los bajos precios en la temporada de cosecha. Se trata de una versión simplificada y mejorada de la Ley de Agricultura por Contrato que ya ha sido adoptada por 20 Estados de la India.  La tercera reforma consiste en la modificación de la Ley de Productos Básicos Esenciales de 1955 (ECA). En ella se estipulan criterios transparentes y se elimina la arbitrariedad en la invocación de la Ley. 

Las reformas mencionadas tenían por objeto abordar diversos problemas que el sector enfrentaba en el pasado. El marco jurídico anterior exigía que los agricultores vendieran sus productos únicamente en los mercados físicos designados por los gobiernos estatales, denominados mercados del Comité de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC, por sus siglas en inglés). Cada uno de estos mercados del APMC funcionaba como una entidad separada, lo que obstaculizaba el comercio intra e interestatal. Al mismo tiempo, no había suficientes mercados para tratar los productos en crecimiento. Se restringió la entrada a los mercados del APMC como agente autorizado, lo que desalentó la competencia y alentó la cartelización. Los impuestos, las diversas comisiones y un sistema fragmentado dieron lugar a que los altos cargos de intermediación elevaran los costos para los consumidores, al tiempo que reducían los precios que recibían los agricultores. Los agricultores solían carecer de información sobre el mercado ya que los comerciantes y los comisionistas no compartían esta información con ellos.

A pesar de los impuestos de mercado, la infraestructura de los mercados seguía estando subdesarrollada y no estaba en sintonía con las cadenas de suministro modernas. Una infraestructura agrícola anticuada e inadecuada, dio lugar a elevadas pérdidas posteriores a la cosecha. Ello se debe a que el entorno normativo desalentó la inversión del sector privado en la cadena de frío agrícola. Los canales de crédito informales seguían dominando los canales oficiales. A pesar de ser uno de los mayores productores de productos básicos agrícolas a nivel mundial, la India sólo procesa el 10% de su producción total. 

Ha habido indicios de que los mercados liberalizados son más favorables al crecimiento agrícola que el apoyo del gobierno y la intervención del mercado. Las reformas tienen por objetivo garantizar que se cumpla el objetivo de «duplicar los ingresos de los agricultores». El nuevo marco jurídico desbloquea la comercialización agrícola en la India. Los agricultores ya no estarán obligados a pagar una larga lista de tasas de mercado, impuestos y cesiones sobre sus productos, con lo que mejorarán sus rendimientos. La agricultura por contrato actúa como una forma de garantía de precios. Ahora está habilitada a nivel nacional y en condiciones favorables para los agricultores. Los agricultores estarán facultados para acceder a insumos modernos, servicios y protección contra el riesgo de los precios. La modificación de la Ley de Productos Básicos Esenciales atraerá inversiones privadas muy necesarias para la agricultura, desde los insumos hasta las actividades posteriores a la cosecha.

Los agricultores protestan contra las disposiciones de estas leyes porque temen que se elimine la contratación con arreglo al sistema de Precio Mínimo de Apoyo (PMS, por sus siglas en inglés). Además, temen que queden a merced de las grandes corporaciones/comerciantes que pueden explotarlos y quitarles sus tierras. La realidad es que el sistema de PMS se mantiene. La nueva ley no afectará negativamente al PMS. La compra de productos agrícolas por parte del PMS se realiza a través de agencias estatales y no hay ningún cambio en esto debido a esta ley. La compra por PMS a los agricultores es la principal prioridad del Gobierno y seguirá siéndolo. La nueva ley no tiene por objeto sustituir a la Ley del APMC del Estado y no afecta al funcionamiento de los mercados del APMC. La Ley sobre la agricultura por contrato prevé mecanismos suficientes y elaborados para proteger los intereses de los agricultores. La Ley de agricultura por contrato no exige que ningún agricultor celebre un acuerdo obligatorio, la decisión se deja enteramente en manos del agricultor. El Gobierno ha venido contratando a los agricultores de manera regular con miras a atender sus preocupaciones y encontrar soluciones amistosas.

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