Informe de Control Concurrente revela que acciones tardías ante una medida cautelar impiden ejecutar una carta fianza derivada de una liquidación de obra consentida.
La Contraloría General de la República identificó una situación adversa en la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral de Espinar, advirtiendo el riesgo de un perjuicio económico de S/ 584 272,36 para el Estado. La observación forma parte del Informe de Control Concurrente N.° 8623-2026-CG/GRCU-SCC, emitido tras evaluar diversos aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados a la obra.
Según el órgano de control, la Procuraduría Pública y la Unidad de Administración de la Zona Registral N.° X – Sede Cusco habrían omitido realizar acciones técnico-legales oportunas para lograr el levantamiento de una medida cautelar que actualmente impide ejecutar una carta fianza por más de medio millón de soles. Este monto corresponde a un saldo económico a favor de la entidad determinado en la liquidación final del contrato de obra.
La obra fue ejecutada por la empresa DJL Global Constructores S.A.C., cuya liquidación contractual quedó consentida al no haber sido observada ni sometida a arbitraje dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Mediante Resolución Jefatural N.° 077-2026-SUNARP/ZRX/JEF, la entidad declaró un saldo a su favor por S/ 584 272,36, disponiendo posteriormente la ejecución de la carta fianza emitida como garantía contractual.
Sin embargo, el contratista acudió a un arbitraje de emergencia y obtuvo una medida cautelar preliminar que ordenó a la aseguradora abstenerse de ejecutar la carta fianza mientras se resuelve el pedido cautelar presentado. Esta decisión paralizó temporalmente el cobro del monto adeudado, pese a que la Contraloría señala que la liquidación ya había adquirido la condición de acto firme y consentido.
El informe también advierte que la entidad no acreditó oportunamente ante el árbitro que el derecho del contratista para cuestionar la liquidación había caducado. Asimismo, no existe evidencia de que la Procuraduría Pública haya solicitado el levantamiento o la caducidad de la medida cautelar, situación que mantiene bloqueada la recuperación de los recursos económicos a favor del Estado.
Durante la revisión de la ejecución física de la obra, la Contraloría también observó deficiencias constructivas detectadas durante el proceso, como la presencia de cangrejeras y otros defectos que, si bien no comprometen la estabilidad estructural de la infraestructura según los informes técnicos, sí evidencian problemas constructivos que podrían generar reprocesos, retrasos y riesgos en la calidad final de los acabados.
Finalmente, el órgano de control concluyó que varias de las observaciones formuladas anteriormente continúan sin ser corregidas. Entre ellas destaca la falta de evidencias que acrediten la permanencia efectiva del personal clave de supervisión en la obra, una situación considerada recurrente durante la ejecución del proyecto. Por ello, la Contraloría exhortó a las áreas competentes de la entidad a adoptar medidas inmediatas para salvaguardar los recursos públicos y garantizar el cierre adecuado de la inversión.
