Con 92 votos a favor, el Congreso aprobó en primera votación una reforma que restablece la inmunidad. El texto aún debe ratificarse en una segunda legislatura y regirá desde 2026
Con 92 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el retorno de la inmunidad parlamentaria. La reforma constitucional modifica el artículo 93 de la Carta Magna y establece que los legisladores no podrán ser procesados ni detenidos sin la autorización de la cámara a la que pertenezcan o de la Comisión Permanente, desde su elección hasta un mes después de dejar el cargo.
¿Desde cuándo regirá y a qué parlamentarios aplicará?
La reforma aún debe ser aprobada en una segunda votación por al menos 87 congresistas durante la próxima legislatura ordinaria. De ratificarse, entrará en vigencia a partir de las Elecciones Generales de 2026. No beneficiará a los actuales congresistas, sino a los futuros integrantes del Congreso bicameral: senadores y diputados. ¿Qué ocurre si un congresista comete un delito en flagrancia?
El dictamen establece reglas específicas para casos de flagrancia. Si un legislador es sorprendido cometiendo un delito común, el Congreso o la Comisión Permanente deberá pronunciarse en un plazo máximo de 24 horas sobre su detención y enjuiciamiento. Para otros casos, el plazo es de 30 días. Si no hay pronunciamiento, se aplicará el silencio positivo y la Corte Suprema asumirá la decisión de procesarlo y desaforarlo.
¿Cuál es el debate detrás del retorno de esta figura?
Mientras algunos congresistas defienden la reforma como una medida que fortalece la independencia del Parlamento, otros advierten que se abre la puerta al blindaje político. Las críticas se centran en el poder que tendrá el Congreso para decidir sobre casos penales de sus propios miembros, lo que podría generar impunidad en situaciones de urgencia como delitos de agresión o corrupción.
