Los congresistas de la región Cusco han solicitado la pronta intervención de la Comisión de Fiscalización debido a la controversia legal y social generada por la concesión del hotel situado en Machu Picchu, advirtiendo que este conflicto podría derivar en hechos de violencia.
Los congresistas de la región Cusco, Luis Ángel Aragón Carreño, Guido Bellido Ugarte, Ruth Luque Ibarra, Alejandro Soto Reyes y Jhakeline Katy Ugarte Mamani, han solicitado al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría,
Juan Bartolomé Burgos Oliveros, que convoque con urgencia al gobernador regional de Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez. Este pedido tiene como trasfondo el conflicto relacionado con la concesión del hotel Sanctuary Lodge, ubicado junto al Parque Arqueológico de Machu Picchu. Según los legisladores, el contrato de usufructo con la empresa Belmond Hotels debería haber concluido en mayo.
No obstante, una medida cautelar emitida por el 12.o Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima extendió la vigencia del contrato, impidiendo que el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) recupere el control del terreno.
El Ministerio Público ha intervenido debido a la escalada del conflicto. El 7 de mayo, la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu emitió una exhortación al gobernador Salcedo y a líderes sociales, como Héctor Calla Chura y Alfredo Cornejo Paredes, pidiéndoles que no promuevan ni actúen en la toma forzosa del Sanctuary Lodge. Esta advertencia responde a una denuncia presentada por la empresa Perú Belmond Hotel S.A., que acusa a dichos actores de incitar a la población a cometer posibles delitos como usurpación, disturbios, daño agravado y coacción. La fiscal María Teresa Huaco Cateriano ha señalado un riesgo «real e inminente» de violencia, sobre todo por las movilizaciones anunciadas para el 16 de mayo.
El conflicto tiene anteceden- tes legales que se remontan al contrato original firmado en 1995 entre Belmond y el GORE Cusco. En abril de 2025, el mis- mo 12.o Juzgado Civil Comer- cial de Lima ordenó mantener vigente el contrato mientras se resuelve un proceso arbitral pendiente. Cualquier intento por recuperar el hotel sin una resolución judicial podría ir en contra de las disposiciones del Poder Judicial.
Por su parte, el gobernador Salcedo ha sugerido que no obstaculizará las protestas o posibles tomas del hotel por parte de los ciudadanos, manifestando que no asumirá responsabilidad por las consecuencias que surjan.
Ante un panorama de tensiones sociales y legales por el control del Sanctuary Lodge, el Congreso de la República ha tomado medidas para que el gobernador rinda cuentas de la situación. Entre tanto, el Ministerio Público insiste en preservar el orden y respetar el marco legal vigente, advirtiendo sobre los riesgos que podrían afectar tanto a los trabajadores del hotel como a los visitantes de este emblemático destino turístico del país.
