La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu ha emitido una contundente exhortación al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, así como a otros dirigentes sociales
La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu ha emitido una contundente exhortación al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, así como a otros dirigentes sociales, para que se abstengan de promover o ejecutar la recuperación por la fuerza del Hotel Sanctuary Lodge, ubicado a escasos metros del Parque Arqueológico de Machu Picchu.
La disposición, fechada el 7 de mayo, se enmarca en una denuncia presentada por Perú Belmond Hotel S.A., operadora del emblemático hotel, quien acusa a Salcedo, al dirigente sindical Héctor Calla Chura, y a Alfredo Cornejo Paredes, representante del Frente Regional de Defensa del Patrimonio Cultural, de incitar disturbios, usurpación, coacción, daño agravado, des- obediencia y hasta posible homicidio.
¿Qué está en juego?
El conflicto se origina tras una medida cautelar dictada por el 12.o Juzgado Civil Comercial de Lima, que ordena mantener vigente el contrato de usufructo suscrito entre el GORE Cusco y Belmond desde 1995. Esta medida judicial impide, por ahora, que el gobierno regional ejecute cualquier acción para retirar a la empresa del hotel.
No obstante, la fiscalía advierte que pese a esta orden, se han difundido llamados públicos a protestas y posibles tomas del hotel. El gobernador Salcedo, en declaraciones a medios como RPP y Exitosa, dejó entrever que no garantizaría el orden si la ciudadanía decidía actuar, afirmando que no se responsabilizaría de las consecuencias.
Riesgo real de violencia: Fiscalía exhorta a gobernador de Cusco a no tomar el Sanctuary Lodge por la fuerza
La fiscal María Teresa Huaco Cateriano concluye que existen riesgos “efectivos e inminentes” de que se cometan delitos como lesiones, disturbios y daño a la propiedad, especialmente considerando que el 16 de mayo ha sido anunciado como fecha clave para nuevas movilizaciones. Esto podría poner en peligro no solo la integridad del personal del hotel, sino también la de miles de turistas que visitan a diario la ciudadela inca.
Tensión entre legalidad y legitimidad
La tensión crece entre el aparato estatal y los actores sociales que exigen recuperar el control de bienes considerados parte del patrimonio regional. En el trasfondo se debate el modelo de gestión del turismo en Machu Picchu, los contratos heredados de décadas pasadas y la frustración de comunidades que sienten que no se benefician equitativamente de la riqueza que genera el ícono turístico del país.
¿Y ahora qué?
La fiscalía ha oficiado a la comisaría de Machu Picchu para que actúe con firmeza y dentro del marco constitucional. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención el desenlace de un conflicto que podría escalar en uno de los destinos más sensibles del Perú, tanto en valor económico como simbólico.
