Este año vencerá el plazo que el Tribunal Constitucional dio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que corrija situación de los establecimientos penitenciarios del país
La crisis de seguridad que afecta al país ha generado situaciones alarmantes, como el asesinato diario de conductores de transporte público y la extorsión de empresarios, comerciantes y choferes. Este panorama podría agravarse con la aparición de un problema aún más grave.
Pleno temático sobre seguridad ciudadana se realiza en medio de un paro de transportistas ante los asesinatos y extorsiones a conductores de transporte público.
Este año vencerá el plazo que el Tribunal Constitucional le dio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2020 para que resuelva el hacinamiento en el que está sumida la mayoría de establecimientos penitenciarios en el país. En ese sentido, el máximo intérprete de la Constitución advirtió que, de no corregirse esa situación inconstitucional, se procedería al cierre de penales.
«Declarar que, si en el plazo de 5 años que vencerá en el año 2025, no se han adoptado las medidas suficientes (…), estos [penales] deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal del establecimiento penitenciario con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas», señala la sentencia.
Asimismo, el fallo del TC señala que el cierre empezaría por los seis establecimientos penitenciarios de mayor hacinamiento en el Perú o aquellos seis establecimientos penitenciarios que, al vencimiento de dicho plazo, tengan los mayores niveles de hacinamiento.
En ese momento, los que tenían mayor hacinamiento eran los penales de Chanchamayo (553 %), de Jaén (522 %), del Callao (471 %), de Camaná (453 %), de Abancay (398 %) y Miguel Castro Castro (375 %).
La situación actual
El 6 de mayo se cumplirán cinco años de aquel fallo y la situación penitenciaria poco o nada ha cambiado, lo cual implicará un eventual cierre de penales a nivel nacional.
Actualmente, las cárceles del país enfrentan un hacinamiento del 138%. El sistema penitenciario tiene capacidad para alojar a 41,764 reclusos, pero, según el informe del INPE de diciembre de 2024, hay 99,448 personas encarceladas, lo que significa un exceso de 57,684 presos respecto a su capacidad máxima. El 75% de penales tiene sobrepoblación de reclusos
Los seis penales con mayor sobrepoblación a diciembre de 2024 son los siguientes:
• E.P. de Quillabamba (499%)
• E.P. de Camaná (492%)
• E.P. de Callao (471%)
• E.P de Huancavelica (465%)
• E.P. de Abancay (458%)
• E.P. de Jaén (422%)
Solo 17 penales de los 69 a nivel nacional no han superado su capacidad de albergue. Sin embargo, esto no significa que tengan gran capacidad, dado que la mayoría puede albergar un máximo de 400 personas o menos. Estos son:
• E.P. de Yurimaguas (-4%)
• E.P. de Iquitos (-10%)
• E.P. de Cochamarca (-15%)
• E.P. de Ancón II (-16%)
• E.P. de Sananguillo (-17%)
• E.P. de Challapalca (-17%)
• E.P. de Mujeres de Iquitos (-19%)
• E.P. de Puno (-20%)
• E.P. de Virgen de la Merced (-26%)
• E.P. de Barbadillo (-33%)
• E.P. de Lampa (-34%)
• E.P. de Base Naval (-38%)
• E.P. de Virgen de Fátima (-48%)
• E.P. de San Ignacio (-56%)
• E.P. de Jauja (-59%)
• E.P. de Mujeres de Concepción (-62%)
• E.P. de Cerro de Pasco (-73%)
