Documento de 131 páginas fue elevado a la fiscal de la Nación para evaluar ilegalidad del partido que dirige Keiko Fujimori
Antes de ser suspendido, el fiscal José Domingo Pérez elevó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el informe que requirió sobre la acusación por lavado de activos interpuesto contra Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori.
El documento de 131 páginas, al que accedió Perú21, detalla todos los hechos que involucran a la organización política en supuestos aportes ilegales recibidos para financiar las campañas del 2011 y 2016.
Una de las fuentes de ingresos, de acuerdo a la Fiscalía, fue el millón de dólares que habría entregado la empresa brasileña Odebrecht, dinero que no fue declarado ante la ONPE.
Espinoza requirió ese reporte para evaluar la denuncia ciudadana que pide declarar ilegal al partido Fuerza Popular por conductas antidemocráticas.
Pérez, quien fue apartado del puesto por la Autoridad Nacional de Control (ANC) el pasado 7 de abril, condensó en el informe las evidencias que apuntarían a que el partido fujimorista, con sus representantes políticos, buscó obstruir las investigaciones que realizaba.
En sus conclusiones, el ex-miembro del equipo especial Lava Jato, señaló que Fuerza Popular «ha infringido de forma sistemática, reiterada y continua el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas desde el año 2011 hasta a actualidad».
«Las conductas realizadas vulneran gravemente los principios democráticos de transparencia, legalidad, igualdad en la competencia electoral y rendición de cuentas, evidenciando un patrón estructural orientado al encubrimiento de actividades ilícitas y a la instrumentalización del partido político como medio de captura del poder en función de intereses privados», concluyó.
Pérez Gómez también presentó una denuncia penal contra el jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jerí, por no permitirle el ingreso a su oficina para realizar la entrega de cargo tras la sanción que le fue impuesta.
El fiscal fue suspendido mientras afronta un proceso disciplinario por incluir en la investigación de Fujimori al abogado Arsenio Oré Guardia e imputarle obstrucción a la justicia.
Según la ANC, el magistrado no debió investigar a Oré por este último delito sino derivar el caso a otro fiscal ya que Pérez alegaba ser agraviado, lo que ponía en conflicto su imparcialidad.
