Ministra de Desarrollo e Inclusión Social revela que aún no tienen los resultados de las pruebas hechas a las conservas de Wasi Mikuna que habrían generado la intoxicación de al menos 80 menores
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, acudió a la Comisión Investigadora de la ejecución presupuestaria de los programas sociales, organismos públicos descentralizados y organismos supervisores del Congreso.
Por los nuevos casos de intoxicación en Piura, Áncash y Amazonas, se ha presentado, hasta la fecha, una moción para interpelar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social impulsada por la congresista Sigrid Bazán. La propuesta es respaldada por 20 legisladores.
A su salida, la funcionaria declaró ante la prensa por los más de 80 menores intoxicados por consumir conservas del programa Wasi Mikuna.
La titular del Midis aseguró estar comprometida con el servicio de alimentación escolar. En ese sentido, aseguró que «no podemos seguir permitiendo que haya soluciones temporales»
«No podemos seguir permitiendo que tengamos empresas o fabricantes que no cumplan con las normas técnicas, que nosotros como estado contratemos a proveedores y estos, a su vez, sub- contraten a otros», dijo.
Urteaga anunció que «está por salir» un decreto supremo que declara en emergencia la alimentación escolar. «Vamos a emitir medidas extraordinarias para que no falten estos alimentos», precisó.
Asimismo, se refirió a las subvenciones que se están dando a madres de familia para que ellas ad- quieran los alimentos para estudiantes y aseguró que «es un proyecto piloto que se está haciendo y favoreciendo a más de 12 mil niños a nivel nacional».
«Está funcionando porque hay una medida de vigilancia desde el inicio», agregó.
Cuestiona al Poder Judicial
La ministra señaló que su cartera cuenta con un registro de impedidos, que bloquea la participación de empresas en la distribución de alimentos por haber incumplido normas o presentado documentación falsa. Ante ello, cuestionó que esas empresas acuden al Poder Judicial en busca de una medida cautelar.
«¿Qué sucede? Cuando entran al registro de im-pedidos, algunas fábricas, algunas empresas que están en ese registro, van al Poder Judicial y lamentablemente, a pesar de que el sector ha puesto en consideración que se tiene problemas por ejemplo de documentación falsa, logran una medida cautelar», aseguró. «Hago una invocación al Poder Judicial para poner de interés superior al niño», expresó.
