martes, marzo 18, 2025
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Piden priorizar debate que destituye a maestros senderistas

Perú21 denunció días atrás que una iniciativa del Bloque Magisterial permitiría el retorno a las aulas de unos 680 profesores sentenciados por terrorismo

El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Cavero, pidió que se priorice el debate en comisiones de su proyecto de ley de reforma magisterial con el que se busca impedir que las personas vinculadas a agrupaciones terroristas o contrarias al régimen constitucional y democrático formen parte del magisterio o presten servicios en cualquier instancia del sistema educativo.

La iniciativa legislativa plantea otorgarle facultades al Ministerio de Educación para que destituya a estos maestros y que se disponga su inhabilitación permanente para ejercer la carrera docente, tanto en el sector público como en el privado.

Días atrás, se alertó que la bancada del Bloque Magisterial promueve un proyecto de ley para reincorporar a 680 docentes senderistas sentenciados por terrorismo que han sido ya expulsados del sector educativo.

Detrás del planteamiento se encuentra la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), gremio magisterial afín al golpista Pedro Castillo que, además, está vinculado al Movadef, brazo político de Sendero luminoso.

«La Fenatep viene impulsando un proyecto de ley para que más de 600 docentes con vínculos terroristas regresen a las aulas, por eso urge priorizar mi proyecto que excluye de la carrera pública magisterial a estos malos elementos», sostuvo el legislador.

Añadió que las escuelas «deben ser lugares seguros donde los niños tengan una educación en valores democráticos y protegidos de la infiltración terrorista».

Este diario, cabe recordar, advirtió también que con la propuesta del Bloque Magisterial se blindaría a unos 5,000 docentes adherentes al Movadef que todavía se encuentran dentro del sistema educativo.

Pero hay más. Perú21 denunció también que hay otro proyecto para derogar la Ley 32242 que expulsa a los sentenciados en primera instancia del sistema educativo. La iniciativa beneficiaría a los docentes sentenciados en primera instancia por violación y tráfico ilícito de drogas además de terrorismo.

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