Eduardo Salhuana alega que el terreno le fue cedido al Parlamento por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, pero no dice que fue la institución la que lo solicitó
Ya no son solo los miles de soles entregados en bonos sin sustento técnico ni los aumentos injustificados de su planilla laboral los que el Congreso de la República pretende cargarle al bolsillo de todos los peruanos. Ahora, como lo reveló Perú21 en su edición del último lunes, también pretende endilgarle a los ciudadanos el costo de la construcción de un dizque centro de capacitación por S/17 millones nada menos que frente a las exclusivas playas de Santa María del Mar.
Al comunicado con el que el Parlamento pretendió desvirtuar que exista un proyecto para implementar “una infraestructura con dicho fin”, se sumaron ayer las declaraciones del titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, quien aseguró que “si realizamos alguna construcción o alguna inversión, va a estar destinada exclusivamente a los fines institucionales”.
Adujo, además, que el terreno en cuestión fue “cedido por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) al Congreso” y que “la SBN otorgó ese local para fines institucionales”. Lo que no dijo es que estas cesiones se realizan a solicitud de las propias instituciones sean estas públicas o privadas y no a discreción de la superintendencia.
“En este momento tenemos la posesión del bien, y necesitamos hacer el cerco perimétrico y evitar invasiones, un estudio arqueológico porque es la exigencia del Ministerio de Cultura porque se presume que por esa área pasa la ruta del Qhapaq Ñan; es un tema técnico que no podemos eludir”, se justificó Salhuana.
CON VISTA AL MAR
Pero mientras para el presidente del Poder Legislativo el asunto no reviste mayor gravedad, para el alcalde de Santa María del Mar, Hugo Monteverde, la construcción de un centro de capacitación del Parlamento podría romper el equilibrio inmobiliario y de densidad poblacional de la zona. Dejó claro que si bien el Parlamento “no ha iniciado ningún trámite ante la municipalidad”, una solicitud preliminar contempla “un auditorio, aulas, cafeterías, restaurantes y pérgolas así como estacionamiento para 500 vehículos”.
“En Santa María del Mar hay solo (lugar) para 600 vehículos y tiene una sola pista de ingreso y de salida; un solo vecino (el Congreso) trata de ingresar 500 autos, va a ser un caos”, advirtió. Las cifras y la lógica evidencian que la sede de playa del Congreso no tiene lugar en Santa María. La pregunta es si las autoridades de ese poder del Estado entrarán en razón o tratarán de imponerse a la mala en perjuicio de los vecinos del balneario y el mismo ecosistema.
