Sociólogo Arturo Huaytalla advierte que más de 2,000 muertes están en la categoría ‘ignorado’ del sistema de defunciones
El sociólogo especializado en seguridad ciudadana, Arturo Huaytalla Quispe, advirtió que los números de homicidios serían el doble de los que se encuentran registrados en el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).
El Sinadef es el aplicativo informático del Ministerio de Salud que permite el ingreso de datos del fallecido, generación del certificado de defunción y el informe estadístico. Además, incluye las defunciones fetales y las muertes de personas no identificadas.
Este sistema es la principal fuente de información sobre defunciones para otras entidades del Estado, así como para cualquier ciudadano. Sin embargo, el especialista aseguró que existe un subregistro del número de personas que son víctimas de homicidios en los datos del Sinadef.
«El Sinadef, que es el sistema que ahora está como referencia, señala que para 2024 hay 2040 homicidios, sin embargo, las cifras de la Policía Nacional están alcanzando para el año 2023 un total de 5000 homicidios. (…) Casi el 50% de los fallecidos no son registrados», dijo en RPP.
Huayatalla precisó que la categoría ‘Muerte violenta’ del Sinadef abarca homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y accidentes laborales. En 2024, figuran 8694 muertes violentas, no obstante, alertó de que más de 2000 muertos se ubican en la categoría ‘Ignorado’. «Las cifras del Sinadef son conservadoras en el número [de homicidios] y limitadas en la metodología para contar homicidios», señaló.
Falta voluntad política
El experto consideró que existe «ausencia de voluntad política para movilizar y mejorar el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC)». Esta entidad fue creada en 2013 con la finalidad estandarizar los procesos y variables, así como el cruce de información estadística que permita un mejor conocimiento de la problemática de la criminalidad.
El comité está presidido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e integrado por representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario, Poder Judicial, la Secretaria Técnica está a cargo de la Dirección General de Política Criminal del Ministerio Público.
UN PROBLEMA ADICIONAL
En 2017 se realizó el Censo Nacional de Comisarias, el cual tuvo como objetivo, entre otras cosas, conocer si las comisarías y unidades especializadas contaban con acceso a información clasificada, registros administrativos, mapa de delitos de su jurisdicción, planes operativos de emergencia, entre otros. En 2018, el censo dejó de hacerse, lo cual ha generado un problema adicional. El especialista señaló que esto ha contribuido a «no tener datos de calidad de homicidios».
«No solo es un tema de ineficiencia, sino que se podría hablar, en algunos casos, de hasta complicidad», aseveró.
