Lo acusan de beneficiarse económicamente a través de su emisora, Radio Altiva Canas, y girar contratos a nombre de su esposa
El alcalde de la municipalidad provincial de Canas, Andrés Clodualdo Olivares Muñoz, enfrenta acusaciones de nepotismo y abuso de poder por utilizar su posición de Alcalde para beneficiarse económicamente a través de su emisora, Radio Altiva Canas, y girar contratos a nombre de su esposa, Nelly Nieves Mendoza Ñaupa, a municipios distritales de su jurisdicción. Este escándalo pone en entredicho la ética en la administración pública.
Andrés Olivares fue elegido alcalde a finales de 2022 y, de manera premeditada, su esposa se registró en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en octubre de ese mismo año. En enero de 2023, ya estaba habilitada para comenzar a proveer servicios. Desde entonces, ha comenzado a proveer a entidades del estado, destacando pagos de 800 soles al Instituto Nacional de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) y 2,500 soles en septiembre de 2023.
Según el portal de transparencia, Nelly Nieves también ha recibido pagos de 800 y 450 soles por servicios de difusión de los municipios distritales de Quehue y Túpac Amaru, respectivamente. Esto genera un claro conflicto de intereses, ya que, siendo el alcalde provincial, los cobros se realizaron a las municipalidades distritales de su jurisdicción, lo cual es especialmente controvertido, ya que ambas pertenecen a la provincia de Canas.
Por el tema de territorialidad, no podría girar a estos dos municipios; sin embargo, lo ha hecho al inicio de su gestión en 2023. El hecho de que Olivares Muñoz siga de conductor de un programa y utilice su programa radial para promover y obtener publicidad de proyectos gubernamentales plantea serias dudas sobre la ética de su administración.
La ley es clara. Según el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones del Estado, los alcaldes y regidores están impedidos de contratar con el estado, lo que incluye a sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. La Ley Nº 32069, publicada en junio de 2024, refuerza esta prohibición. En su Artículo 30 sobre “Impedimentos para contratar”, en su inciso 2, se precisa que “son aplicables a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor”. Además, en el ámbito territorial, las autoridades de los gobiernos regionales y locales no pueden permitir que sus familiares sean participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en procesos de contrataciones públicas.
A pesar de las claras disposiciones legales, el alcalde se ha beneficiado de estos contratos, lo que podría considerarse una confabulación para el enriquecimiento personal a expensas de los recursos públicos. «Es inaceptable que un funcionario público use su posición para beneficiar a su familia. Esto no solo es corrupción, sino que también erosiona la confianza pública», precisó un jurista.
La situación se complica aún más al observar que estas prácticas han sido continuas. Este año, se detectaron pagos adicionales de la municipalidad de Quehue, como el pago de 300 soles por un servicio de difusión en octubre de 2024, en conmemoración del aniversario del distrito.
La reacción de las autoridades y organizaciones sociales ha sido escasa. Aunque el portal de transparencia muestra estos contratos, la Fiscalía y otras entidades de control aún no han tomado medidas significativas.
El futuro de Olivares Muñoz como alcalde está en la cuerda floja. Las irregularidades en sus contratos podrían llevar a los tribunales si se demuestra que ha habido injerencia. (RevistaRotativaCusco)
