Pena es de 5 años y 6 meses con ejecución anticipada y sin considerar resultados de apelación
El Juzgado Unipersonal de la provincia de Anta, encabezado por la jueza Mery Luz Supa Miranda, ha sentenciado a 13 humildes comuneros a 5 años y 6 meses de prisión efectiva, con ejecución anticipada y sin tener en cuenta los resultados de apelación. La sentencia también impone una reparación solidaria que supera los 127 mil soles, distribuidos entre los supuestos agraviados: Marcelina Solís y Estalislao Ttito Quispe recibirán 27,680 soles, Maydia Esperilla 12,250 soles y Ladislao Huamán Huari 87,242 soles.
La comunidad ha catalogado este fallo como un acto abusivo. En respuesta, más de un centenar de comuneros de Pampaconga se movilizaron en una marcha de sacrificio hasta la ciudad del Cusco.
Los manifestantes se posicionaron frente al Palacio de Justicia, exigiendo a las autoridades del Poder Judicial la nulidad de la sentencia y el cese de lo que consideran un acto de arbitrariedad y abuso por parte de la jueza Supa Miranda.
Además, la comunidad de Pampaconga del distrito de Limatambo denuncia que esta sentencia beneficia a supuestos traficantes de terrenos comunales, y pide el cambio inmediato de la jueza Mery Luz Supa Miranda,por su presunta parcialidad. “¡Justicia para los comuneros! ¡No al racismo y al maltrato a los campesinos!” clamaron los manifestantes en su protesta pacífica.
LOS HECHOS DE LA SENTENCIA DE LOS COMUNEROS DE PAMPACONGA
El conflicto en la Comunidad Campesina de Pampaconga, en Limatambo, provincia de Anta, Cusco, gira en torno al anexo Runcuwasi, una extensión de 25 hectáreas de terreno comunal. La propiedad de estas tierras fue otorgada a Pampaconga en 1973 como parte de la Reforma Agraria, y se encuentra debidamente inscrita en los registros públicos del Cusco. Sin embargo, una serie de eventos fraudulentos ha puesto en peligro la posesión legítima de estas tierras.
Ocho comuneros de Pampaconga, en complicidad con el anexo colindante La Florida, perteneciente a la comunidad de Choquemarca, y con la ayuda de malos funcionarios de la Gerencia Regional de Agricultura, crearon una superposición de terrenos que permitió que se legalizara, de manera fraudulenta, la apropiación de las 25 hectáreas de Runcuwasi. Estos comuneros afirman que el anexo Runcuwasi no pertenece a Pampaconga, sino a Choquemarca, desestimando el título de propiedad legítimo que posee Pampaconga.
Estos individuos formaron la Asociación de Productores Agropecuarios del Valle de Limatambo (ASPAGRO) y, mediante una supuesta donación por parte de Choquemarca, obtuvieron un título de propiedad sobre las tierras de Runcuwasi. Con la complicidad de COFOPRI y los Registros Públicos, lograron que se emitieran las unidades catastrales correspondientes, a pesar de que el título de Pampaconga nunca estuvo en disputa y sigue siendo válido.
Como parte de este proceso, ASPAGRO dividió Runcuwasi en dos fracciones, denominadas A y B. El problema principal se centra en la fracción A, que abarca aproximadamente 3 mil hectáreas.
Los ocho comuneros, entre ellos Oscar Alarcón Silva, Estanislao Ttito Quispe, Maydia Espirilla Mamani, Marcelina Solís Ccorahua y Ladislao Huamán Huari, se apropiaron del área, incluyendo el salón comunal y deportivo construido por la Municipalidad de Limatambo.
Posteriormente, el 3 de marzo de 2016, estos comuneros vendieron uno de los lotes resultantes a un tercero ajeno a la comunidad, de apellido Uscamayta, en un acto que fue denunciado como tráfico de terrenos.
Los comuneros de Pampaconga, junto con el juez de paz, la Policía Nacional y el teniente gobernador, intervinieron para reclamar el despojo de su territorio comunal. Sin embargo, los ocho comuneros involucrados en la apropiación denunciaron a los dirigentes y comuneros que defendían sus parcelas. Esto resultó en un proceso judicial que, según la comunidad, estuvo marcado por arbitrariedades y parcialidad. La jueza Mery Luz Supa Miranda, del Juzgado Unipersonal de la provincia de Anta, dictó una sentencia condenatoria contra 13 comuneros a una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva con ejecución anticipada, ignorando las apelaciones y sin valorar las pruebas presentadas por los acusados.
La comunidad denuncia que la sentencia favorece el tráfico de terrenos y busca despejar las parcelas para que sean ocupadas por los ocho miembros de ASPAGRO. Esta decisión pone en riesgo el territorio comunal, que por mandato constitucional es inembargable e inalienable. Los hijos y familiares de los comuneros sentenciados se enfrentan ahora a la injusticia y el abuso, mientras la comunidad lucha por defender sus tierras.
